La Marcha de sacrificio, protagonizada por familiares de víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023 en el sur del país, llega a Lima este miércoles 28 de enero para exigir la reactivación del equipo fiscal que investigaba las muertes y lesiones ocurridas durante la represión estatal.
La movilización reúne a delegaciones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, quienes recorrieron más de 140 kilómetros a pie por la Panamericana Sur, llevando consigo el reclamo de justicia y memoria.
La fecha elegida no es casual. El 28 de enero marca el aniversario de la muerte de Víctor Santisteban, asesinado en las protestas de Lima en 2023, cuyo caso se ha convertido en símbolo de la exigencia de verdad y reparación.
El detonante
El principal reclamo de la Marcha de sacrificio gira en torno a la reciente decisión del fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, de desactivar el Eficavip, equipo creado en marzo de 2023 para investigar los crímenes cometidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Según denuncias recogidas por Convoca, la medida interrumpió procesos clave, justo cuando varios casos estaban por ingresar a la etapa de control de acusación y se habían identificado responsables directos y cadenas de mando en las fuerzas del orden.
“Faltaban días para entrar al control de acusación. Ya se había identificado a responsables directos en algunos casos. Pero para que eso no se dé, se desactiva el equipo. Otra vez se ponen trabas”, declaró para el mencionado medio Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos del 9 de Enero.
Quiénes marchan
La columna principal de la movilización está formada por viudas, madres, heridos y niños huérfanos. Son más de 65 personas de al menos 50 familias que partieron de Juliaca el 23 de enero y que han sumado en el camino a delegaciones de otras regiones y gremios. Entre los participantes, destacan sobrevivientes con lesiones que no han recibido atención médica adecuada y niños que han quedado desamparados tras la represión.
La marcha ha recibido apoyo de comunidades y colectivos locales, quienes entregaron alimentos y agua durante el trayecto. A la caravana se han sumado delegaciones de agricultores del Valle de Tambo y gremios de transportistas, que denuncian el clima de inseguridad y violencia que afecta a Lima y otras regiones.
Generación Z y los colectivos juveniles
La Generación Z ha tomado un rol central en la movilización. En declaraciones a RPP, estos colectivos han convocado a una marcha paralela contra el presidente interino José Jerí, articulando demandas propias con las de las familias del sur.
Bajo el lema “No heredamos el miedo, heredamos la memoria y la lucha”, la juventud busca mantener viva la exigencia de justicia y rechazar la impunidad.
Los puntos de encuentro incluyen la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Plaza Dos de Mayo, ya que la Plaza San Martín se mantiene restringida para manifestaciones.
Los organizadores han hecho un llamado a estudiantes, gremios y ciudadanos a sumarse a la jornada, resaltando la necesidad de transparencia institucional y respuestas concretas del Estado.
Ruta, símbolos y actos previstos en Lima
La llegada a Lima incluye una serie de actos simbólicos. Las familias tienen previsto recorrer sitios marcados por la violencia estatal, detenerse en el lugar donde cayó Víctor Santisteban para una vigilia y dirigirse después a las sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Allí instalarán campamentos para exigir la reactivación inmediata del equipo fiscal, presupuesto propio para las investigaciones y la contratación de peritos independientes.
Durante la movilización, se han reportado hostigamientos policiales, controles de identidad y seguimientos. Las organizaciones alertan sobre el riesgo de revictimización y solicitan la presencia de observadores de derechos humanos para garantizar el respeto a la protesta pacífica.