Lima vive los primeros días de 2026 bajo una nueva ola de violencia y amenazas que ha puesto en jaque al sector transporte. Extorsionadores han triplicado el cobro de cupos a empresas y conductores, desatando una cadena de atentados, asesinatos y ataques armados en distintos distritos de la capital. La situación ha dejado a varios trabajadores muertos, pasajeros heridos y rutas enteras paralizadas, mientras el gremio exige respuestas urgentes al gobierno.
Apenas iniciaba el año cuando la violencia cobró nuevas víctimas. El lunes 5 de enero, Gilbert Champi, conductor de la empresa Etmosa, fue asesinado a balazos en San Martín de Porres. El crimen, perpetrado cuando regresaba a casa tras su jornada laboral, desató el temor entre sus compañeros, quienes decidieron suspender el servicio de forma indefinida. La empresa había sufrido al menos seis ataques en 2025, incluidos asesinatos y atentados con explosivos, según confirmaron testigos y familiares.
El clima de inseguridad se extiende a otras zonas de Lima. El sábado 3 de enero, César Robles López, conductor de la empresa Nazareno S.A., fue atacado por sicarios en plena ruta, frente a pasajeros y transeúntes, en la avenida Ramiro Prialé (Lurigancho-Chosica). Los atacantes, a bordo de una moto lineal, dispararon al menos cinco veces antes de huir. Pese al rápido auxilio, Robles López falleció debido a la gravedad de las heridas. La comunidad local permanece atemorizada y exige garantías de seguridad.
En San Juan de Miraflores, la violencia alcanzó incluso a los pasajeros. Madre e hija resultaron heridas cuando sicarios dispararon siete veces contra una combi estacionada en su paradero. Los ataques se han vuelto cotidianos, afectando tanto a trabajadores como a usuarios del transporte público.
Empresas obligadas a pagar sumas récord bajo amenazas constantes
La extorsión hacia los transportistas se ha vuelto un fenómeno sistemático y cada vez más agresivo. Empresas como Cinco Estrellas en Jicamarca han llegado a pagar hasta 1.500 soles diarios, lo que representa 45.000 soles al mes para poder operar. Sin embargo, ni siquiera esos pagos garantizan seguridad. Un explosivo lanzado en la madrugada contra el local de la empresa dejó el portón destruido y a la mayoría de los conductores fuera de las calles por miedo a nuevos atentados.
“Si quieres vivir, tienes que pagar. Si no, olvídate”, relató un conductor de la empresa Cinco Estrellas. El presidente de la Cámara de Industria del Transporte, Martín Ojeda, detalló: “Lo que se pagaba diez soles por auto al día, ahora exigen de veinte a treinta soles por vehículo. La agresividad en el tema de los cupos está empeorando”.
Según datos del gremio, el ochenta por ciento del transporte formal fue extorsionado en 2025. Para este año, el panorama no mejora. A pesar del incremento de la vigilancia policial en algunas zonas, los ataques y amenazas persisten, mientras los extorsionadores buscan nuevas formas de presión y aumentan sus exigencias económicas.
No pagar cupo significa arriesgar la vida
La negativa a pagar los cupos equivale a una sentencia de muerte. Así lo demuestra el caso de Guillermo álvarez Valverde, conductor de la empresa Santa Catalina, asesinado en octubre tras rechazar el pago de veinte mil soles exigidos por una banda criminal. Juan Carlos Ramírez Fallara, identificado como uno de los cabecillas de los injertos de Lima Este, fue detenido por este crimen. “Este sujeto es una persona muy agresiva, violenta”, explicó el coronel Carlos Morales, jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional.
El asesinato de César Robles López en Chaclacayo, mientras transportaba pasajeros en la ruta de la empresa Nazareno S.A., confirmó la vulnerabilidad de los trabajadores. Un pasajero describió el ataque: “La bala ha sido fuerte, compañeros”. La escena quedó marcada por la presencia de ocho casquillos y el pánico entre quienes presenciaron el crimen.
La violencia no se limita a los conductores. En San Juan de Miraflores, los disparos contra una combi dejaron heridas a una madre y su hija, reforzando la percepción de que nadie está a salvo. Los vecinos y usuarios del transporte público exigen medidas inmediatas para frenar este ciclo de terror.
Advierten posible paro de transporte por falta de seguridad
El presidente de la Cámara de Industria del Transporte. Martín Ojeda, ha denunciado la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. “Conocemos dos casos de empresas que tenían hasta cinco y cuatro extorsiones, y ya bajaron a dos. Pero también tenemos el caso de otra empresa que solamente le pagaba a uno y ahora ese uno quiere el triple”, advirtió Ojeda.
La expectativa recae ahora en el plan de seguridad que el gobierno de José Jerí prometió anunciar. “Estamos a la espera de una respuesta oficial frente a la crisis. La decisión sobre una posible paralización dependerá de las acciones del Ejecutivo”, señaló el vocero gremial.
Mientras tanto, los ataques y el temor se concentran en puntos clave como Lima Este, San Martín de Porres, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Conductores y empresarios insisten en que la inseguridad amenaza no solo sus vidas, sino el funcionamiento mismo de un servicio esencial para la ciudad. La capital y el principal puerto del país permanecen en vilo ante el avance de una criminalidad que no da tregua.
Otra empresa de transporte sufre atentado en medio de la crisis de extorsión
El ataque a un bus de la empresa Línea 41 en Villa El Salvador refuerza la seguidilla de hechos violentos contra transportistas en Lima en este inicio de 2026. El atentado, ocurrido durante la madrugada en el terminal de la avenida Mariano Pastor Sevilla, dejó al menos siete impactos de bala en la unidad, aunque no se registraron heridos.
Trabajadores y representantes de la Línea 41 señalaron que la empresa recibe amenazas y cobros de cupos desde septiembre de 2025, con pagos diarios de hasta veinte soles por persona. El reciente ataque se habría producido luego de que la empresa dejó de transferir dinero a una de las bandas extorsionadoras.
La situación mantiene a los conductores bajo temor permanente y amenazas diarias de represalias. El caso de la Línea 41 se suma a los ataques registrados en otras empresas, evidenciando el avance de la extorsión y la violencia en el transporte público de Lima, donde el ochenta por ciento de las compañías admite pagar cupos para poder operar.