La congresista no agrupada Flor Pablo alertó que el gobierno de José Jerí está dejando sin defensa pública a mujeres, niñas y niños awajún y wampís víctimas de violencia en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Según advirtió, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Walter Martínez Laura, ha dispuesto el despido del equipo de Defensa Pública del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), integrado por 24 profesionales, lo que deja a las víctimas sin abogados, traductores ni acompañamiento especializado en una de las zonas más golpeadas por la violencia sexual.
La parlamentaria señaló que esta medida afecta directamente a poblaciones indígenas que enfrentan barreras estructurales para acceder al sistema de justicia, como la distancia geográfica, el idioma y la falta de recursos. En una publicación en redes sociales, cuestionó que el SNEJ haya sido implementado este mismo año en Condorcanqui justamente por el alto índice de violencia registrado en la zona, luego de años de denuncias acumuladas y de cientos de víctimas que no encontraban atención oportuna del Estado.
Para Flor Pablo, el retiro del equipo especializado representa un retroceso grave en la protección de derechos fundamentales. “Hoy, el gobierno retrocede y las vuelve a abandonar”, advirtió, al tiempo que exhortó al Ministerio de Justicia a atender con urgencia esta situación y a restituir de inmediato a los defensores públicos, a fin de no dejar desprotegidas a las víctimas en pleno proceso de atención y acompañamiento legal.
Violencia sexual en Condorcanqui
La alerta sobre el despido de defensores públicos se produce en un contexto particularmente crítico en la provincia de Condorcanqui. Información correspondiente al 2024 revela que en la región Amazonas se han registrado 532 denuncias por abuso sexual contra niñas, mientras que solo 112 docentes han sido destituidos. La brecha entre el número de casos reportados y las sanciones efectivas refleja una profunda debilidad del Estado para responder a esta problemática.
En Condorcanqui, cerca de 200 casos han prescrito debido a que la UGEL cuenta únicamente con una abogada para atender todos los procesos administrativos. Esta limitación ha permitido que muchos docentes denunciados por agresiones sexuales no sean separados definitivamente de las aulas, sino simplemente rotados a otras instituciones educativas, continuando así su labor en comunidades nativas.
A ello se suma la pérdida de expedientes tras el incendio ocurrido en 2022, lo que agravó aún más la situación. No obstante, la propia Flor Pablo ha señalado que estos documentos pueden ser reconstruidos. La congresista también ha advertido que este patrón de violencia y falta de sanción no se limita a Amazonas, ya que existen denuncias similares en otras regiones amazónicas como Loreto.
Una situación que no cambia
Detrás de las cifras hay historias que dan cuenta del impacto real de la violencia sexual y de la ausencia de justicia. Z. W., por ejemplo, fue agredida sexualmente entre los 11 y los 15 años por un docente de primaria en Santa María de Nieva. El abuso se produjo bajo amenazas de muerte y se extendió fuera del ámbito escolar, cuando la menor realizaba trabajos domésticos en la vivienda de la hermana del agresor.
Su caso no es aislado, sino parte de una larga lista de niñas violentadas por profesores en comunidades nativas de Condorcanqui que, hasta hoy, no logran acceder a justicia. Entre 2010 y el 19 de junio del año referido, se registraron 532 denuncias por abuso sexual cometidas por docentes y auxiliares, con víctimas de entre 5 y 17 años.
Solo en una semana se conocieron ocho nuevos casos, según datos de la UGEL de Condorcanqui y de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. La mayoría de los denunciados eran docentes contratados y se desempeñaban tanto en primaria como en secundaria.
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