Con muros de concreto clausuran dos prostíbulos clandestinos en Gran Chimú

La intervención conjunta de la Municipalidad de SJL y la PNP selló con muros de concreto locales clandestinos para erradicar focos de trata y proxenetismo

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Personal de Fiscalización de SJL
Personal de Fiscalización de SJL y la PNP intervienen locales clandestinos en la Av. Gran Chimú para erradicar focos de trata de personas. (Difusión)

En un operativo desplegado este sábado 20 de diciembre, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ejecutó la clausura definitiva de dos prostíbulos clandestinos que operaban en la primera cuadra de la avenida Gran Chimú, una de las arterias viales y comerciales más importantes del distrito. La intervención, liderada por la Subgerencia de Fiscalización y Sanciones Administrativas, contó con el respaldo del Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La acción municipal se enmarca en una estrategia de lucha frontal contra la trata de personas y la explotación sexual en la jurisdicción. Según detallaron las autoridades municipales, estos locales funcionaban bajo la fachada de otros negocios o en absoluta clandestinidad, convirtiéndose en focos de inseguridad y vulneración de derechos fundamentales, donde presuntamente se retenía a ciudadanas nacionales y extranjeras bajo condiciones de coacción.

Muros de concreto para frenar la reapertura

Una de las características más relevantes de esta intervención fue la modalidad de cierre. A diferencia de las clausuras convencionales que utilizan precintos o carteles de papel que son fácilmente retirados por los infractores, el personal municipal procedió a sellar los ingresos de ambos inmuebles con muros de concreto. Esta medida extrema responde a las constantes reaperturas, incluso inmediata, de locales sancionados por parte de administradores que burlan la autoridad una vez que los fiscalizadores se retiran del lugar.

Con muros de concreto, la
Con muros de concreto, la municipalidad selló los accesos de los prostíbulos para impedir su reapertura y garantizar la seguridad en la zona. (Difusión)

Esta acción refuerza el mensaje desde las instituciones de que “aquí no hay espacio para la ilegalidad”, señalaron los representantes de la comuna durante el operativo, destacando que el objetivo es erradicar espacios que, además de la explotación, fomentan actividades delictivas conexas que perturban la tranquilidad del vecindario.

“Zonas rosas”, los puntos críticos de Lima

La intervención en la avenida Gran Chimú no es un hecho aislado, sino parte de una problemática que San Juan de Lurigancho y otros distritos de Lima Metropolitana arrastran desde hace años. Informes previos han advertido sobre la consolidación de las denominadas “mafias del sexo”, integradas por proxenetas y sicarios —en su mayoría extranjeros— que han tomado el control de diversas avenidas principales para el cobro de cupos y la explotación de mujeres.

Esta situación ha derivado en una violencia estructural donde las organizaciones criminales se disputan las llamadas “zonas rosas” del distrito. Ya en años anteriores, la presencia de estas mafias generó una alerta máxima debido a que los delincuentes actúan como “guardianes” de las trabajadoras sexuales, amedrentando a vecinos y autoridades.

Unidades del Serenazgo y la
Unidades del Serenazgo y la Policía Nacional desplegaron un operativo conjunto en la primera cuadra de la avenida Gran Chimú contra el comercio sexual. (Difusión)

La avenida Gran Chimú ha sido identificada por las autoridades de inteligencia municipal y policial como un punto crítico donde la informalidad y la delincuencia suelen camuflarse entre la alta afluencia de público y negocios legítimos.

Desde la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informaron que esta no es una intervención aislada, sino parte de una política de recuperación de espacios públicos. La estrategia actual contempla un monitoreo constante de los focos de ilegalidad ya identificados, con un cruce de información entre la PNP y la central de videovigilancia del distrito. Asimismo, indicaron que las operaciones de este tipo continuarán de manera inopinada para garantizar que los derechos de las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, sean protegidos de forma efectiva.