“Sino me manda la plata, se muere”: explotación sexual crece en SJL, pese a estado de emergencia

El gobierno peruano decretó en setiembre de este año el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y, posteriomente, su ampliación hasta enero de 2024. Uno de los motivos para ordenar esta medida extraordinaria en esa jurisdicción de la zona este de Lima fue la creciente explotación sexual y el proxenetismo a manos de organizaciones criminales extranjeras vinculadas al Tren de Aragua.

De acuerdo a un informe de Domingo al Día, la situación no solo parece mantenerse, sino que se estaría agravando, a pesar del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en el control del orden interno. Los esfuerzos de las autoridades se mantienen para hacerle frente a la criminalidad, pero esta se las ingenia para no frenar sus acciones delictivas relacionadas a la prostitución callejera.

Un reciente golpe policial contra la banda venezolana Los Gallegos, que sería el brazo armado del Tren de Aragua, develó la situación inhumana en la que se encontraban cinco jovenes extranjeras, menores de 30 años, en una de las ‘casas de refugio’ de la criminalidad. La intervención permitió encontrar chats de WhatsApp amenazantes y obtener relatos escalofriantes de las mujeres víctimas de explotación sexual.

Eso escribió uno de los proxenetas venezolanos a una trabajadora sexual, a quien le cobraba entre 500 y 700 soles semanales por ocupar la plaza conocida como Metro Hacienda, en San Juan de Lurigancho. Este distrito ya se convirtió en una de las zonas rosas de Lima más lucrativas para la megabanda criminal.

En dicha intervención policial, los agentes hallaron pistolas, revólveres y una Mini Uzi, que eran usadas por sicarios venezolanos para amedrentar o acribillar a las meretrices que se nebagan a pagar un cupo a estas llamadas mafias del sexo.

Según las propias investigaciones de la Policía peruana, San Juan de Lurigancho tiene como principal delito la trata de personas, que viene siendo cometido, principalmente, por organizaciones criminales extranjeras.

Las cinco mujeres explotadas sexualmente fueron encontradas en un vivienda ubicada en el asentamiento humano Virgen de Las Mercedes, cerca al cementerio El Sauce. Los vecinos alertaron a las autoridades que algo extraño venía sucediendo: extranjeras ingresaban y salían, siempre custodiadas por sus compatriotas armados.

Dentro de esas ‘casas de refugio’, las víctimas de explotación sexual no solo muchas veces pasan hambre, sino que sufren enfermedades venereas que no son bien tratadas y les practican abortos contra su voluntad que exponen sus vidas.

Durante la intervención policial, se detuvo a Franck Isaac Pereira Yaguaramay, alias Peligro, un ranqueado delincuente venezolano al servicio de Los Gallegos. Negó los cargos y aseguró a los uniformados que solo se dedicaba a ser el cocinero de las muchachas dentro de la vivienda. Sin embargo, las autoridades tienen claro que era el encargado de ‘administrar’ a las meretrices y amenazarlas a punta de bala y pistola, si alguna no quería obedecer pagar su cuota y multa.

“Todas esas mujeres, mano, tienen que pagar la plaza, más que todo de esta semana para que no se atrasen. Las que deben, viejo, que vayan abonando esta misma semana”, se lee en otro de los mensajes entre integrantes de a banda criminal.

Una de las jóvenes rescatadas contó a la Policía que existe un grupo de WhatsApp integrado por más de 20 mujeres venezolanas que trabajan en el paradero Metro Hacienda. Señaló que no conocía quienes eran los sujetos que las vigilaban, pues estos solo se aparecían sorpresivamente ante ellas cuando había un retraso en el pago.

En su país, Pereira Yaguaramay cuenta con antecedentes policiales por el delito de robo agravado. El 14 de febrero del 2022 fue detenido por robarle el celular a otro extranjero bajo la modalidad del raqueteo y cogoteo.

Se constató que, en esta zona rosa de San Juan de Lurigancho, las trabajadores sexuales venezolanas se las arreglan para burlar a las autoridades, en pleno estado de emergencia para seguir brindando sus servicios. Negarse a hacerlo podría costarles la vida.