En plena crisis por llamadas extorsivas y estafas telefónicas, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que, por mandato de una nueva norma, deberá entregar a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial toda la trazabilidad del proceso de contratación de líneas móviles. Esto quiere decir, desde el punto de origen del chip hasta la identidad de quien lo adquirió.
La medida fue explicada por Tatiana Paccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, en declaraciones a Canal N. La funcionaria detalló que el regulador deberá proporcionar información “de todo el proceso de comercialización de un chip”, incluyendo “dónde es entregado por la empresa operadora, en qué punto de venta, quién vende ese servicio, quién lo contrata y dónde lo contrata”.
Este nivel de trazabilidad, que hasta ahora no se había aplicado de forma integral, busca cerrar brechas en un mercado altamente vulnerable a la criminalidad. Las extorsiones, estafas y suplantaciones se sostienen principalmente en líneas prepago adquiridas sin control de identidad, muchas veces vendidas en plena vía pública pese a la prohibición vigente desde hace años.
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Venta informal domina el mercado y alimenta el delito
Las nuevas medidas llegan en un contexto complejo. Ayer, el presidente de Osiptel, Rafael Muente, afirmó, en declaraciones recogidas por RPP, que el 75% de las líneas prepago del país se venden informalmente, especialmente en puestos ambulantes, esquinas y mercados.
Según Muente, esta informalidad beneficia directamente a las organizaciones criminales que usan esas líneas para extorsionar, coordinar delitos y mantener el anonimato. “Existe un interés claro de las empresas en que las ventas en las calles sigan ocurriendo”, dijo, señalando una postura ambigua de las operadoras, que, por un lado, expresan apoyo a la prohibición pero por otro presentan recursos judiciales contra la regulación.
El regulador advirtió también que han fallado mecanismos de verificación de identidad y que persisten puntos de venta donde no se realiza la validación biométrica obligatoria. Todo ello contribuye a que miles de líneas “fantasma” circulen sin trazabilidad.
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Qué cambia con la nueva norma
Además de informar a las autoridades, Osiptel deberá mantener esta trazabilidad de manera confidencial y será utilizada exclusivamente para investigaciones vinculadas a delitos informáticos, extorsión o suplantación de identidad.
La ley también endurece las obligaciones de las operadoras, que deberán identificar correctamente a cada usuario, registrar a sus vendedores autorizados y evitar cualquier activación fuera de los canales formales. Además, las municipalidades distritales deberán reportar, en un máximo de un día hábil, cualquier punto de venta ambulatorio de chips y remitir las evidencias al Osiptel, la Policía y la Fiscalía.
El objetivo es cerrar los vacíos que han permitido la proliferación de líneas móviles adquiridas de forma irregular y usadas por organizaciones criminales.
Osiptel recordó, además, que solo existen más de 54 mil puntos de venta autorizados en todo el país, donde el proceso requiere huella digital obligatoria y verificación de identidad. La venta en la calle está prohibida y constituye infracción, pero sigue extendida por la falta de fiscalización y resistencia de actores del mercado.
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