
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán por fin tendrá que responder ante la justicia por presuntamente haber liderado una organización criminal durante su gestión que habría lavado más de 11 millones dólares de origen ilícito de Odebrecht, OAS y Graña y Montero. Dicho dinero habría sido usado para dos campaña del No a la Revocatoria y la fallida reelección.
A cambio de los aportes ilícitos, según Fiscalía, Villarán habría favorecido a las constructoras con la adjudicación de los proyectos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur.
En total son 12 hechos que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, le atribuye a la exalcaldesa, los mismos por los que pide una pena de 29 años de prisión.
El fiscal José Domingo Pérez sustentará la acusación con la que pide 29 años de cárcel contra Villarán

Instalado el juicio oral de Susana Villarán y continúa mañana a las 9 am
Previo al inicio de la audiencia, Susana Villarán expresó que “he esperado durante muchos años que se abra la verdad. Pido, justicia, respeto, imparcialidad y que se abra la verdad”
El fiscal José Domingo Pérez solicitó que el juicio oral a Susana Villarán se realice con sesiones diarias a fin de garantizar una resolución expedita del proceso judicial. Según los argumentos expuestos por Pérez, desde que la Fiscalía formalizó la acusación en 2022, la responsabilidad de agilizar el caso recae en el Poder Judicial. El caso está siendo visto en el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Lima.
Susana Villarán se acredita en el inicio del juicio oral en su contra
José Domingo Pérez se acredita en el juicio contra Susana Villarán
¿Por qué se acusa a Susana Villarán?
Asociación ilícita, colusión agravada, lavado de activos agravado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo son los presuntos delitos que la exalcaldesa Susana Villarán habría cometido en su gestión.
Liderazgo de una organización criminal
A Villarán se le acusa de ser la líder de una organización criminal que operó entre los años 2010 y 2015 en el seno de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta organización habría tenido como fines el lucro ilícito y la obtención de poder político, para lo cual perpetró delitos graves como colusión, lavado de activos y falsedad. El fallecido José Miguel Castro Gutiérrez era señalado como jefe operativo.
Colusión agravada
Se le imputa haberse concertado, como máxima autoridad municipal, con representantes de las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero para favorecerlas en la adjudicación y ejecución de proyectos de concesión, a cambio de recibir financiamiento ilícito para sus campañas políticas. Los proyectos involucrados son:
- Rutas de Lima (Odebrecht): Se le acusa de concertar con funcionarios de Odebrecht para el otorgamiento de la concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) en 2013. Este pacto se habría materializado con la firma del contrato el 9 de enero de 2013, omitiendo irregularmente la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Línea Amarilla (OAS): Se le imputa la concertación con funcionarios de OAS para la suscripción de la Adenda N° 1 del proyecto Línea Amarilla el 13 de febrero de 2013. Esta adenda modificó sustancialmente el contrato original, beneficiando a la empresa.
- Vía Expresa Sur (Graña y Montero): Se le atribuye concertación con funcionarios de Graña y Montero para la suscripción del contrato de concesión del proyecto Vía Expresa Sur el 8 de agosto de 2013, el cual también se firmó sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Lavado de activos
Como líder de la organización criminal, a Susana Villarán se le atribuye ser autora mediata del delito de lavado de activos agravado por un monto total que supera los 11 millones de dólares. Este dinero, proveniente de los actos de corrupción con las mencionadas empresas, fue blanqueado para financiar principalmente dos campañas:
- Campaña por la “No Revocatoria” (2013):
- US$ 3,000,000 de Odebrecht: Solicitados por José Miguel Castro Gutiérrez, por orden de Villarán, a Jorge Barata. La propia Villarán habría ratificado el pedido y agradecido el apoyo vía telefónica.
- US$ 3,000,000 de OAS: Solicitados en una reunión en la que participó Villarán, quien expuso la necesidad de apoyo para evitar que un cambio de gestión perjudicara el proyecto Línea Amarilla.
- US$ 100,000 de Graña y Montero: Obtenidos tras la solicitud de US$ 200,000 de Castro Gutiérrez a los representantes de la empresa, a cambio de firmar el contrato de concesión Vía Expresa Sur y utilizando una cláusula de publicidad como fachada.
- Campaña de Reelección (2014):
- US$ 1,193,816.68 de la Concesionaria Rutas de Lima (Odebrecht): Dinero generado a través de contratos sobrevalorados con la empresa “Generación S.A.C.” de César Meiggs Rojas.
- US$ 4,000,000 de OAS: Solicitados por José Miguel Castro Gutiérrez a José Adelmario Pinheiro Filho (“Leo Pinheiro”) en el contexto de la negociación del “Trato Directo” del Proyecto Línea Amarilla.
Para blanquear estos fondos, según la Fiscalía, la organización criminal utilizó diversas modalidades, como la creación de empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales (Andorra), la instrumentalización de personas jurídicas como la “Asociación Amigos de Lima Metropolitana” o “Rentable.pe S.A.C.”, el uso de contratos ficticios y la modalidad del “pitufeo” (realizar múltiples depósitos pequeños para evitar controles).

Falsedad y Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo
A Susana Villarán se le imputa haber ordenado la alteración intencional de la información financiera presentada a las autoridades electorales para ocultar el origen ilícito de los fondos de campaña:
- Campaña de Revocatoria 2013: Se presentó un informe con datos falsos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), declarando ingresos y gastos muy inferiores a los reales y utilizando una lista con “falsos aportantes”.
- Campaña de Reelección 2014: Se presentó información financiera falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de la organización política “Diálogo Vecinal”. La ONPE detectó que no se declararon gastos por más de S/ 2.7 millones y que varios supuestos aportantes negaron haber entregado dinero.
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