El anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón despertó una fuerte atención pública. El proyecto, presentado este martes con respaldo de los ministros de Justicia, Defensa y Vivienda, fue descrito como un paso frontal en la lucha contra el crimen organizado. La mandataria aseguró que se trata de una decisión política clara que busca enfrentar décadas de debilidad en el sistema penitenciario.
“Esta presidenta no retrocede. Esta presidenta toma decisiones y acciones firmes para defender la vida y la tranquilidad de los peruanos”, dijo durante su discurso. Con esas palabras presentó una obra que, según explicó, tendrá un régimen especial de aislamiento para internos de alta peligrosidad y un control continuo para impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde las cárceles.
Boluarte vinculó el anuncio con el balance de su gestión. Recordó que asumió el poder en medio de una crisis institucional y que, tras estabilizar la economía y contener protestas, su gobierno orienta ahora sus esfuerzos hacia la seguridad ciudadana. “Durante años, gobiernos anteriores abandonaron esta causa. Y tuvo que llegar la primera mujer presidenta de la historia republicana para tomar decisiones firmes”, declaró.
La iniciativa no solo revive un debate sobre el sistema penitenciario, sino también la memoria de El Frontón, clausurado tras uno de los episodios más violentos de la historia reciente. El penal cerró en 1986 luego de la matanza de internos en medio de motines coordinados con otros centros penitenciarios.
El proyecto en El Frontón
La presidenta afirmó que el nuevo penal se construirá en un terreno ya verificado por el Ejecutivo. Según explicó, tendrá capacidad para albergar a dos mil internos y se levantará con el apoyo de los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda mediante un convenio interinstitucional. “El proyecto contempla una inversión de 500 millones de soles y se desarrollará en un área de más de 57 mil metros cuadrados con los más altos estándares de seguridad”, precisó.
La presidenta destacó que el Ejército participará en las primeras etapas de las obras y que el proceso se hará bajo parámetros técnicos y jurídicos definidos. Ante cuestionamientos, respondió que su gestión reactivó un plan que permanecía detenido. “Es fácil salir en los medios y decir que no se puede. Pero, ¿qué hicieron cuando fueron autoridades? Nosotros reactivamos este proyecto que estuvo paralizado desde 2020. Nosotros sí damos la cara y trabajamos”, expresó.
El recuerdo del cierre de El Frontón
La isla El Frontón dejó de funcionar como penal el 18 de junio de 1986, cuando motines simultáneos en tres cárceles del país desembocaron en una intervención militar. En esa fecha, mientras en Lima se realizaba una cumbre internacional con líderes como François Mitterrand y Felipe González, reclusos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso se levantaron contra las condiciones de reclusión.
El Ejecutivo, entonces bajo la presidencia de Alan García, delegó a las Fuerzas Armadas el control de los penales. En El Frontón, la Marina ejecutó un operativo que terminó con más de un centenar de muertos. De acuerdo con informes posteriores, muchos internos fueron ejecutados tras rendirse, los cuerpos no fueron entregados a sus familias y los registros oficiales fueron destruidos.
Décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado peruano era responsable de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y destrucción de pruebas. La sentencia de 2013 obligaba al país a investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo, los procesos judiciales siguen sin una condena definitiva.
El juicio oral comenzó en 2017, pero sufrió suspensiones, recusaciones y cambios en la conformación de la sala. En diciembre de 2024, tras la suspensión de uno de los magistrados, el proceso quedó invalidado y debe reiniciarse. El Ministerio Público lamentó la situación y exhortó al Poder Judicial a actuar con celeridad para garantizar justicia.
Al presentar el proyecto, Boluarte indicó que la construcción del nuevo penal forma parte de una visión integral contra la criminalidad. Señaló que su gestión impulsa centros penitenciarios en otras regiones y que el objetivo es reducir el hacinamiento. “Estamos construyendo penales en Apurímac, Lima y otras regiones. También trabajamos desde la educación para prevenir el delito en las nuevas generaciones”, dijo.
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