La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cobrará 1.000 soles a las personas que deseen postular a una segunda carrera, además de una mensualidad de 300 soles. Así lo establece el reglamento del examen de admisión 2026-I.
En ese sentido, si alguien es egresado, titulado o graduado de una universidad pública o privada, solo podrá rendir la evaluación especial, más no la ordinaria. Tal como lo resaltó la usuaria @yommmi27, tampoco aplica para los individuos de pregrado repitente activo o inactivo, que hayan abandonado sus estudios en cualquier universidad pública. En caso de hacerlo, podrá ser denunciado.
El examen de admisión 2026-I tendrá una oferta de 2.771 vacantes, y se incorporará la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, ampliando a 78 la cantidad de escuelas profesionales.
La evaluación se realizará el 13, 14, 20 y 21 de septiembre de este año y está dirigida a egresados de secundaria y alumnos que cursan el último año escolar. La prueba constará de 100 preguntas y tendrá una duración de tres horas. El ingreso será por orden de mérito, basado en los resultados del examen general.
Estudiantes se pronuncian
Ante esta decisión, organizaciones de alumnos comenzaron a pronunciarse. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Sociología (CES) de la UNMSM expresaron su rechazo ante estas nuevas disposiciones. Manifestaron que esto “profundiza un modelo educativo excluyente y mercantilista, contrario al carácter público, gratuito y democrático que debe regir a nuestra universidad”.
También acotaron que el cambio al reglamento no es un hecho aislado, sino una “expresión de una política estructural que se viene consolidando desde la implementación de la Ley Universitaria N.° 30220″.
“Bajo el discurso de la ‘calidad educativa’, dicha ley ha institucionalizado un modelo tecnocrático, centralista y funcional a los intereses del mercado. Esto, lejos de garantizar el acceso democrático y fortalecer el carácter público de la universidad, ha servido como plataforma para avanzar en procesos de elitización, estandarización y privatización encubierta”, denunciaron.
Asimismo, mencionaron que este documento establece una serie de medidas que “refuerzan la lógica de mercado en la educación superior pública”. Por ejemplo, califican de “abusivo” el pago de 1.000 y 300 soles mensuales, ya que “vulnera el principio de gratuidad de la universidad pública y afecta especialmente a los sectores populares, consolidando un modelo excluyente y elitista”.
Además, mencionan que hay una “restricción a la postulación por modalidad EBR/EBA para egresados y titulados”, ya que son obligados a hacerlo únicamente mediante la modalidad de Graduados y Titulados. “Esta medida elimina oportunidades de acceso para muchas y muchos jóvenes que, tras haber cursado estudios incompletos o egresado de otra universidad, buscan una segunda oportunidad en la educación pública. Se penaliza a quienes transitan trayectorias educativas no lineales”, subrayan.
Por último, resaltan la exclusión de aspirantes reincidentes o que abandonaron la carrera, sin considerar sus condiciones socioeconómicas o personales. Aseveran que esto desconoce la compleja realidad de miles de estudiantes “que se ven obligados a abandonar sus estudios por motivos económicos, familiares o de salud mental”. Entonces, en lugar de “acompañar sus trayectorias, se les cierra la puerta a continuar su formación”.
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