El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en seis distritos de la región Madre de Dios, con el objetivo de reforzar la lucha contra la minería ilegal, la tala ilegal y otros delitos conexos que afectan gravemente el orden interno y la seguridad en la zona. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 094-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.
La prórroga rige desde el 25 de julio de 2025 y abarca los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu. Según el decreto, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Durante este periodo, se restringen varios derechos constitucionales contemplados en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Estos incluyen la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
La norma también establece que la intervención de la PNP y de las FF.AA. se efectuará conforme a los marcos normativos vigentes: el Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, así como las reglas establecidas para las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su respectivo reglamento.
Operativos buscan frenar delitos
Según lo indicado en la parte considerativa del decreto, esta prórroga responde a la necesidad de continuar con el despliegue de operaciones destinadas a combatir actividades ilegales que han tenido un impacto crítico en la región, especialmente la minería aurífera ilegal y la tala indiscriminada de árboles, que no solo afectan la biodiversidad de la Amazonía, sino que también propician delitos como el tráfico de insumos químicos, la trata de personas y la explotación laboral.
El documento señala que “la minería ilegal en Madre de Dios representa una amenaza directa al orden interno, debido al accionar de grupos organizados que operan fuera del marco legal y emplean maquinaria pesada, contaminan los ríos con mercurio y deterioran los ecosistemas amazónicos de manera irreversible”.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán intervenir en operaciones de control e inteligencia para ubicar y desarticular campamentos ilegales, decomisar equipos y maquinaria, y detener a personas vinculadas a estas redes delictivas. Asimismo, podrán realizar operativos nocturnos, retenes, controles de tránsito y patrullajes aéreos y fluviales.
También se ha previsto la articulación con otras instituciones del Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos durante las intervenciones. En ese marco, el decreto hace referencia al “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 002-2023-MIMP.
Recursos y enfoque multisectorial
La implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, salvo aquellas asignaciones que puedan ser autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El decreto también menciona que las acciones para restablecer el orden en Madre de Dios se complementarán con intervenciones multisectoriales que incluyen servicios de salud, educación, justicia y apoyo social, como parte de un enfoque integral que busca reemplazar las economías ilegales por alternativas sostenibles.
Madre de Dios es una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en el país. La actividad ha generado graves impactos ecológicos, como la deforestación acelerada, la contaminación de ríos con mercurio y la pérdida de hábitats de especies silvestres.
Según datos del Ministerio del Ambiente, solo entre 2021 y 2023, más de 25,000 hectáreas fueron deforestadas por esta actividad en la región. Además, informes de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han advertido sobre el aumento de la criminalidad asociada a estas economías ilegales, incluyendo violencia contra líderes indígenas, invasión de territorios comunales y presencia de redes de trata.
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