Una reciente encuesta realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) y presentada por RPP, entre el 15 y el 23 de mayo, confirmó que la desaprobación hacia la gestión de la presidenta Dina Boluarte continúa creciendo. Según el estudio, el 95.9 % de la población peruana rechaza su administración, y solo un marginal 2.4 % manifiesta algún nivel de aprobación.
Pero lo más significativo es el rechazo expresado por las mujeres en el país: el 96.5 % desaprueba el gobierno de Boluarte, lo que refleja no solo el descontento por el rumbo político del país, sino también una crítica directa desde una ciudadanía femenina que demanda mayor compromiso con la equidad, representación y políticas públicas sensibles al enfoque de género.
Rechazo transversal: mujeres, jóvenes y zonas rurales
De acuerdo con los datos desagregados, la desaprobación se acentúa en diversos grupos. Por sexo, las mujeres muestran un mayor nivel de rechazo (96.5 %) que los hombres (95.3 %). Por edad, el grupo entre 25 y 39 años es el más crítico, con una desaprobación del 96.8 %. En el ámbito rural, donde tradicionalmente el respaldo al Ejecutivo suele ser más fuerte, el 97.3 % también expresa su disconformidad.
La caída de la aprobación de Boluarte se refleja en todos los rincones del país: en la costa norte y sierra norte (96.9 %), la sierra centro y sur (97.1 %) y hasta en Lima y Callao (96.5 %).
Pocas mujeres en el poder: retroceso en la representación
Uno de los aspectos que ha generado mayor malestar en el sector femenino es la creciente exclusión de las mujeres del gabinete ministerial. Tras la reciente juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, se evidenció que solo tres de los 17 ministros son mujeres, representando apenas el 17.6 % del gabinete.
Este es un retroceso notable si se compara con el inicio del gobierno de Boluarte, cuando nueve ministras formaban parte del gabinete, logrando una paridad casi exacta. La exclusión progresiva de mujeres en los espacios de poder es vista por muchos sectores como un reflejo de las prioridades políticas del régimen, que parecen distanciarse de la agenda de igualdad de género.
Promesas incumplidas
El mensaje oficial de Dina Boluarte por el Día Internacional de la Mujer, en marzo, contrastó con los hechos. Mientras la presidenta hablaba de igualdad y respeto, los feminicidios y la violencia contra las mujeres seguían en aumento.
Según cifras del Programa Warmi Ñan (antes Programa Aurora) del Ministerio de la Mujer, entre enero y abril de 2025, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 57,516 casos de violencia, de los cuales 58 fueron catalogados como con características de feminicidio.
Por si fuera poco, un informe publicado por Inter Press Service (IPS) en febrero de este año alertó sobre la erosión de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales en el Perú. Bajo el título “Lo que no es bueno para la democracia en Perú, no es bueno para las mujeres”, el documento acusa al gobierno de Boluarte de haber permitido un avance de los grupos ultraconservadores que han debilitado las políticas de igualdad y los derechos de la población LGBTI+.
Uno de los ejemplos más alarmantes es la iniciativa del Ejecutivo para fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), lo que, según activistas y exministras, significaría la desaparición del MIMP y un retroceso de décadas en políticas de igualdad de género.
Feminicidios y violencia estructural
A pesar de contar con leyes específicas contra la violencia hacia las mujeres, como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la tipificación del feminicidio en el Código Penal, el país continúa enfrentando cifras alarmantes. En 2024, se registraron 170 feminicidios, y más de 450 entre 2022 y 2023.
La abogada feminista María Ysabel Cedano, de la organización Demus, denunció previamente el avance de fuerzas que buscan “el secuestro de la democracia” en Perú, atacando los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+. Cedano alertó también que el país sigue sin contar con leyes fundamentales como la de identidad de género o el matrimonio igualitario, lo que perpetúa un sistema de exclusión y violencia estructural.
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