El Congreso de la República espera que el Poder Ejecutivo promulgue la ley que declara imputables a los menores de 16 y 17 años por delitos graves como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros, para que dejen de ser considerados infractores y sean sometidos a penas en prisiones de adultos.
Este proyecto legislativo ha vuelto a captar la atención mediática y se ha encendido un debate en redes sociales luego de la fuga de seis internos del Centro de Rehabilitación de Maranguita. Mientras, especialistas abordan las posibles implicancias en la resocialización de adolescentes infractores.
Actualmente, los menores de 16 y 17 años que cometen delitos graves son recluidos en centros de rehabilitación juvenil. Sin embargo, si se promulga la ley, estos menores serían tratados como adultos y podrían cumplir condenas penales en prisión, incluida la posibilidad de enfrentar penas tan severas como la cadena perpetua, en caso de cometer delitos como sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidio, entre otros.
Los defensores del proyecto de ley argumentan que las organizaciones criminales utilizan a menores para cometer crímenes, aprovechando su exclusión de la sanción penal. Según ellos, la medida ayudaría a frenar el accionar de estas bandas. Sin embargo, diversos especialistas han señalado que esta medida no resolvería el problema de la criminalidad.
Menores infractores sin oportunidad de rehabilitación, advierten expertos
“Es tan falso como creer que incrementando las penas de manera automática se reducirán los índices de criminalidad”, señala el abogado penalista Andy Carrión en Latina Noticias. “Lo único que provocará es que los menores involucrados en actividades delictivas no tengan oportunidades de rehabilitarse y más bien se encaminen hacia una vida criminal”, añade.
El análisis sobre este tipo de medidas también se ha realizado en países como Estados Unidos, que, aunque tiene disposiciones específicas para delitos graves cometidos por menores, no ha logrado reducir significativamente las tasas de delincuencia juvenil. No existe evidencia en ningún país que demuestre que una medida como la propuesta en Perú tenga un impacto certero en la disminución de la criminalidad, menciona el experto.
La propuesta legislativa también establece que los menores de 16 y 17 años serían enviados a penales comunes, pero en condiciones especiales, siendo aislados de otros reclusos y asignados solo a espacios donde se encuentren jóvenes de entre 16 y 21 años. Para Nicolás Zevallos, director de Asuntos Corporativos del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, esta medida sigue contraviniendo los principios de resocialización de los menores.
“Lo que realmente se necesita es una mejora en los centros de rehabilitación existentes y un enfoque más adecuado para resocializar a los menores involucrados en actividades delictivas, no una modificación normativa innecesaria”, afirmó Zevallos.
Por su parte, UNICEF ha manifestado su preocupación, recordando que los menores de edad cuentan con un sistema penal juvenil propio que prioriza su reinserción social.
Según datos del Programa Nacional de Centros Juveniles, la participación de menores en crímenes graves en Perú es mínima, representando solo el 2.1% de los casos, y de los 1,978 internos en centros juveniles, solo siete están detenidos por sicariato o pertenencia a organizaciones criminales.
El Ejecutivo tiene hasta el 13 de mayo para observar la ley. Si no lo hace, el Congreso podrá promulgarla, y la medida podría entrar en vigencia un día después. La discusión sobre este proyecto de ley continúa dividiendo a especialistas, autoridades y organizaciones internacionales, mientras se evalúan sus consecuencias para la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley.
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