La promulgación de la ley que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha generado una fuerte controversia entre diversas organizaciones de la sociedad civil, que critican su contenido y denuncian que esta nueva normativa atenta contra derechos fundamentales y debilita la democracia en el Perú.
La presidenta Dina Boluarte, en su discurso durante la promulgación de la ley, afirmó que la medida busca garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional. “En una democracia moderna nadie debe temer a la transparencia. Nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general”, indicó la mandataria. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su rechazo, afirmando que esta ley limita su libertad de acción y puede poner en peligro su independencia.
Comunicados críticos: “Atenta contra los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”
Promsex, una organización que trabaja en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, condenó enérgicamente las modificaciones realizadas a la ley, calificándolas de “inconstitucionales” y “antidemocráticas”. En un comunicado, señalaron que las reformas a la creación de la APCI constituyen una “grave regresión democrática” que “atenta contra los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.
Además, destacaron que estas modificaciones son “falsas y malintencionadas”, con el objetivo de deslegitimar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. “Estas modificaciones no solo son inconstitucionales, sino que también se sostienen en argumentos falsos y malintencionados”, expresó Promsex, agregando que la norma pone en riesgo la labor de las ONG al “restringir injustificadamente” la defensa de los derechos humanos.
Como Promsex, iniciaremos acciones legales a nivel nacional e internacional para que nuestra misión institucional se respete y podamos continuar con nuestro trabajo en la defensa y protección de víctimas que han sido sometidas a crueles violaciones de derechos humanos, así como a la consecución de políticas públicas, para que estos hechos cometidos por el propio Estado no se repitan.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por su parte, también se manifestó en contra de la ley a través de un mensaje en redes sociales, acusando al Gobierno de utilizar la ley como un mecanismo para “silenciar a toda voz crítica”. “Esta ley no busca transparencia ni fiscalización real (...) lo que pretende es controlar políticamente a quienes alzan la voz, cuestionan el poder y luchan por justicia”, señaló la CNDDHH, haciendo un llamado urgente a la derogatoria de la ley.
La ONG Manuela Ramos, que defiende los derechos de las mujeres, también se unió al rechazo generalizado. En su pronunciamiento, la organización denunció que la ley “deja en desprotección a ciudadanas/os y familias más vulnerables”, especialmente a aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. Además, señalaron que la ley “limita su acceso a la justicia” y promueve la impunidad, agregando que esta medida “restringe nuestros derechos constitucionales de asociación, de libre expresión y de participación en los asuntos de interés nacional”.
CONTEXTO DINA
La nueva ley faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a crear una unidad especializada para hacer cumplir las disposiciones de la ley, y establece que todos los contratos o actos jurídicos que el Estado celebre con las organizaciones que gestionan la cooperación técnica internacional deberán contar con la “conformidad previa” de la APCI. Asimismo, se impone “una falta muy grave” para las ONG que utilicen recursos de cooperación internacional para procesos legales contra el Estado, con sanciones que incluyen multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a aproximadamente 2 millones de soles (540.000 dólares) o la “suspensión temporal o cancelación” de su registro ante la APCI.
La presidenta Boluarte, durante su discurso, manifestó que las ONG “no están comprometidas con el bienestar de la nación, sino que buscan desestabilizar y promover la división utilizando los recursos de la cooperación internacional para avanzar su propia agenda ideológica”. Añadió: “Sigamos trabajando juntos sin permitir que utilicen a la democracia para lucrar en nombre de la libertad, utilizando el libertinaje para introducir agendas internacionales que buscan quebrar nuestra unidad nacional, sembrando el odio entre peruanos”.
Los colectivos de derechos humanos han denunciado que esta ley es parte de un proceso de “criminalización de la defensa de los derechos humanos”. “Nos mantendremos firmes y en pie de lucha”, afirmó Manuela Ramos, reiterando el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, a pesar de las amenazas que plantea la nueva normativa.
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