
El listado de parlamentarios cuestionados sigue aumentando. El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Kelly Portalatino y Silvia Monteza, a quienes se les señala por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Ello, por la contratación de Rommy Vásquez Yáñez, hijastra del medio hermano de la legisladora de Perú Libre, en el Ministerio de Salud (Minsa) y el Congreso de la República.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan a noviembre de 2022, cuando Portalatino Ávalos se desempeñaba como titular del Minsa, donde habría instado a José Celiz, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, a interesarse en la contratación de Vásquez Yáñez para desempeñarse como asistente administrativo.
Posteriormente, entre febrero y marzo de 2023, la entonces ministra habría instigado a Monteza Facho para que le gestionara un puesto técnico en su despacho. Fue así que la integrante de la bancada de Acción Popular incitó a Jimmy Torres Sias, miembro de su personal de confianza, para que gestione el ingreso de Vásquez al Parlamento.

La investigación partió del reportaje de Punto Final, donde se reveló que Rommy Vásquez Yáñez es hijastra del medio hermano de la legisladora de Perú Libre, Cristhian Risso Portalatino. Asimismo, que comenzó a trabajar en el Minsa en noviembre de 2022 sin tener título universitario y, luego, pasó a la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso, percibiendo un salario mensual de S/ 4.270.
Otras contrataciones cuestionadas
El dominical mencionado también reveló la contratación de Cindy Ríos Chicchi, señalada como la conviviente de Anderson Portalatino Ávalos, hermano de la congresista, en octubre de 2023 para desempeñarse en la Oficina de Mensajería del Congreso, con un sueldo de S/ 3.951 mensuales.
A ello se suma el caso de Lesly Valverde Broncano, hija de la nana de sus hijos, quien ingresó a trabajar en el despacho de Portalatino en septiembre de 2022, con un sueldo de S/ 15 mil. De acuerdo a Panorama, tras finalizar el primer periodo de contratación, fue reubicada en la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso, donde se le duplicó el salario.
En esta segunda fase, que comenzó en mayo de 2023, la joven habría percibido un ingreso acumulado de más de S/ 61 mil hasta septiembre del mismo año, de acuerdo con información de planillas.

En lugar de responder a las consultas, la congresista criticó la labor periodística, señalando que era un intento de desprestigio por parte de los medios de comunicación. “Esa es la prensa que quiere desacreditar generando al país show, un show. Muchas gracias. Esa es la prensa, esa es la prensa. Gracias, señores, gracias, gracias, gracias”, señaló antes de poner fin a la interacción.
Al ser consultada sobre lo que tomó en cuenta para su contratación, considerando que dos meses antes fue calificada como “no apta” por la Municipalidad de Barranco, señaló: “El criterio de cargo de confianza es tener un profesional que tú tengas la confianza para poder abordar como asistente o en otras competencias”.
A los casos descritos también se suma es la presunta orden de encargar a sus asesores afiliar militantes para Perú Libre a cambio de empleos en el Estado. Por este caso, la Comisión de Ética aprobó un informe de calificación que declaró procedente la denuncia e investigación.
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