La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció este lunes que está evaluando la posible reapertura de una investigación por violación sexual contra Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso y principal implicado en una presunta red de prostitución que operaba dentro de la institución del Estado.
En diálogo con RPP, la titular del Ministerio Público se comprometió a verificar la actuación del fiscal Agustín Germán Risco, quien dispuso el archivo del caso según un informe difundido por Cuarto Poder, que recogió el testimonio de la sobreviviente y extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad, Viky Navarro.
“Ni bien tomamos conocimiento de estos casos, de la señora que se le archivó su denuncia, esto ha sido ya hace por lo menos dos años y hemos tomado conocimiento a través de un informe, estamos disponiendo si hay elementos de acuerdo a la ley para que se pueda reabrir el caso y definir con mayor responsabilidad sin dejar de lado elementos que no hayan sido analizados correctamente”, dijo.
Espinoza aclaró que no puede intervenir directamente en los casos, pero enfatizó su compromiso en verificar la resolución del archivo. “Siempre pido informes de fiscales de caso como este. De ser el caso, si detectamos que no ha habido una diligente actuación fiscal, soy la primera que remite copias a la Autoridad Nacional de Control para que investigue”, señaló.
De acuerdo con el dominical, el fiscal provincial de Pacasmayo, donde ocurrió el ataque, consideró que el certificado médico-legal sobre la agresión no fue contundente. Además, no requirió evaluación psicológica ni prueba toxicológica, ya que la víctima denunció que fue dopada por el exfuncionario.
Navarro acusó a Torres Saravia, entonces miembro de Alianza para el Progreso (APP), de haberla agredido sexualmente mientras estaba inconsciente en enero de 2020, durante una jornada de trabajo. También invocó justicia para otras víctimas que permanecen en silencio.
En la misma entrevista, la fiscal de la Nación subrayó que el Congreso no tiene facultad para “sacar conclusiones” sobre la investigada red de prostitución, un escándalo que se destapó ante el crimen de la abogada Andrea Vidal, quien trabajaba en la oficina de Torres Saravia.
“Si lo hace, estaría incurriendo en conducta inapropiada, eso le corresponde al Ministerio Público. Pueden recabar y enviarnos esa información que recopilen en su investigación, pero no pueden sacar conclusiones ni analizar pericias, eso es inconducta”, concluyó.
Ataque brutal
Según la necropsia, Vidal recibió siete impactos de bala, uno de ellos mortal en la cabeza, mientras que el taxista que la trasladaba sufrió 16 impactos, lo que sugiere una ejecución planificada. Los peritajes indican que los sicarios dispararon desde vehículos en movimiento, con 62 casquillos encontrados en la escena, todos procedentes de pistolas.
El vehículo presentó 25 impactos, y el análisis forense ratificó que el ataque fue deliberado. La autopsia de la exfuncionaria, quien falleció una semana después de haber quedado en estado crítico, determinó que la causa de su muerte fue una laceración encefálica provocada por una herida penetrante en la cabeza, producto de un disparo.
Por su parte, el conductor sufrió heridas penetrantes y perforantes, lo que provocó un traumatismo múltiple y un deceso en el acto.
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