La tarde del martes 17 de diciembre, Andrea Vidal Gómez, una extrabajadora del Congreso de la República, falleció después de pasar siete días en estado crítico en el Hospital 2 de Mayo, ubicado en Cercado de Lima.
La joven mujer fue víctima de un ataque armado ocurrido la noche del martes 10 de diciembre en el cruce de las avenidas San Eugenio y Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, donde rige actualmente un estado de emergencia.
Durante el atentado, el conductor del vehículo en el que viajaba perdió la vida al recibir varios impactos de una ráfaga de más de 40 disparos. Según el reporte policial, el crimen tuvo lugar cuando el taxi por aplicativo, que trasladaba a la extrabajadora del Parlamento, fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta, desde donde individuos armados abrieron fuego de manera indiscriminada.
La ferocidad del ataque quedó evidenciada en los varios impactos de bala que registró la carrocería del automóvil. Los proyectiles alcanzaron al conductor José Daniel Vargas Briceño, quien falleció en el acto, y a Andrea Vidal, que sufrió heridas graves en la cabeza, la espalda y los brazos.
En un inicio, la Policía Nacional del Perú (PNP) consideró que el blanco del ataque habría sido Vargas Briceño, un ciudadano extranjero que alquilaba el taxi para trabajar. La principal hipótesis en ese momento era que los sicarios buscaban ajustarle cuentas, debido a una presunta extorsión. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades determinaron que el objetivo del ataque fue ella.
El perfil de Andrea Vidal
Vidal Gómez trabajó hasta septiembre de este año en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, bajo las órdenes de Jorge Torres Saravia, jefe del despacho que fue separado tras una denuncia periodística.
Torres Saravia fue acusado de estar vinculado a una red de prostitución operativa dentro del Parlamento, una denuncia inicialmente difundida por el canal Willax TV y posteriormente recogida por las autoridades.
En respuesta a estas acusaciones, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, del partido Alianza Para el Progreso (APP), condenó públicamente la situación: “Censuro tajantemente esa conducta, sea del partido que fuese. Justamente hemos expedido la resolución dando por concluido su vínculo laboral”.
Por su parte, la congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, utilizó su cuenta en la red social X para exigir que se esclarezca el caso: “Todos los peruanos exigimos una exhaustiva investigación sobre este oscuro caso, que involucra a figuras de poder y una red de prostitución que operaría en el Congreso. ¡Encuentren a los culpables y hagan justicia!”. Además, solicitó la intervención del Ministerio Público para iniciar las diligencias pertinentes.
Ante las acusaciones, Jorge Torres negó cualquier implicancia y señaló que no tenía responsabilidad directa en la contratación del personal vinculado a los hechos. “Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas, pero las otras las he visto recientemente”, declaró en su defensa.
¿Ajuste de cuentas?
El ataque a Andrea Vidal y al conductor del taxi ocurrió apenas cinco días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en La Victoria. La medida, anunciada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior Juan José Santivañez, tiene como objetivo combatir la delincuencia y reforzar la seguridad en una de las zonas más comerciales de Lima. La disposición incluye la intervención de las Fuerzas Armadas, principalmente en las áreas de Gamarra y los llamados dameros A y B.
No obstante, pese a la presencia militar en el distrito, el violento ataque demostró que la criminalidad sigue siendo una amenaza constante. El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, respaldó la decisión del Ejecutivo, pero reconoció la persistencia de problemas en algunas zonas controladas por mafias y extorsionadores.
La investigación en torno al asesinato de Andrea Vidal y el conductor del taxi continúa bajo la dirección de la Policía Nacional del Perú y la fiscalía. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un crimen por encargo. Hasta el momento, no se han identificado a los responsables del ataque ni se ha confirmado el móvil detrás de este acto violento.
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