La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad de Lima pagó S/ 41 131 152 a funcionarios y servidores de confianza, durante el periodo 2020-2022, lo que ocasionó un daño en “los intereses patrimoniales del Estado y en la correcta administración pública”.
Durante este tiempo, fungían como alcaldes de la ciudad Jorge Muñoz y Miguel Romero, ambos de Acción Popular. El primero ocupó el sillón municipal entre el 1 de enero del 2019 y el 4 de mayo del 2022. Luego de ser vacado del cargo, Romero asumió el cargo entre el 9 de mayo y el 31 de diciembre del 2022.
De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 037-2024-2-0434-AC, de la entidad, nueve trabajadores tendrían responsabilidad penal y administrativa por estos hechos. Estos funcionarios efectuaron el trámite y el pago por el concepto de “asignación por responsabilidad funcional” a 384 empleados de confianza.
Esto lo habrían hecho a pesar de que desde el 2006 existen restricciones presupuestales que prohíben el pago de asignaciones, cualquiera sea su naturaleza, periodicidad, modalidad, etc.
La Contraloría reportó que durante la auditoría evidenciaron que no existía documentación que autorice o incluso justifique legalmente la entrega de este dinero. Tampoco se encontraron documentos que sustenten la evaluación o métodos aplicados para determinar el monto otorgado, lo cual se habría definido de forma “discrecional”.
En este contexto, la institución resalta que la norma actual manifiesta que solo se pueden aprobar nuevas asignaciones, bonificaciones, beneficios u otros a través de un decreto supremo o norma con rango de ley dad por el Gobierno nacional. Esto no sucedió en este caso.
Recomendaron iniciar acciones penales
El informe de la Contraloría General también indica que estos trabajadores aprobaron las planillas mensuales de los funcionarios de confianza, lo cual fue financiado con recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal, los impuestos municipales y los recursos directamente recaudados por la comuna.
Asimismo, la Subgerencia de Presupuesto emitió las certificaciones de crédito presupuestario, por medio de las cuales se habilitaron los recursos económicos para realizar el pago.
En consecuencia, la Contraloría General recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los nueve exfuncionarios que forman parte del informe de control, y así se determinen las responsabilidades que correspondan. Adicionalmente, están considerando tramitar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a siete de ellos.
Contratación de familiares en la MML
Un posible caso de nepotismo y contrataciones irregulares en la Subgerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reveló el programa ContraCorriente, de Willax.
La subgerenta de Educación del municipio de la capital, Karina Leandro, habría favorecido laboralmente a familiares, asignándoles cargos y sueldos elevados sin que cumplieran con los requisitos académicos necesarios.
La pareja del hermano de Leandro, Pamela Carlos, y su madre, Roxana Carlos Arias, aparecen como principales beneficiarias de estas contrataciones.
Según la investigación, Pamela Carlos recibió en 2024 un total de S/ 15 mil y en 2023 S/ 14 mil 450 en ocho órdenes de servicio. Por su parte, Roxana Carlos Arias obtuvo S/ 12 mil en 2024 y S/ 22 mil en 2023, sumando un total de S/ 34 mil, de acuerdo a datos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
En el reportaje de ContraCorriente indica que ambas fueron contratadas como proveedoras, lo que permitió evitar los estrictos requisitos académicos y de experiencia que usualmente se exigen para otros tipos de contratos laborales en la municipalidad.
Pamela Carlos fue vista en compañía de su madre, Roxana Carlos Arias, en varias ocasiones en la Municipalidad, lo que habría reforzado las sospechas de que estas contrataciones podrían ser irregulares.
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