Midagri busca acceder a prórroga en la aplicación de la norma europea que exige productos libres de deforestación

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de su titular Ángel Manero Campos, anunció la posibilidad de una prórroga en la aplicación del reglamento de la Unión Europea (UE) que exige que los productos importados sean libres de deforestación.

De acuerdo a Inforegión, Manero indicó que es “altamente probable” que se prorrogue la aplicación de esta regulación, basándose en una propuesta discutida con la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La UE aprobó esta normativa en 2023, estableciendo que a partir de enero del 2025 solo se podrán importar productos que provengan de tierras donde no se haya realizado deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

De acuerdo a la cartera, el reglamento europeo afecta la producción de palma aceitera y madera, aunque el foco principal para el país son el café y el cacao.

Pues, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en 2023, Perú exportó cerca de 98 mil 000 toneladas de café, valoradas en 395 millones de dólares, y 34 mil 000 toneladas de cacao, con un valor de 129 millones de dólares. El 51% de las exportaciones de café y el 32% de las de cacao tienen como destino la Unión Europea.

No obstante, a pesar de la posibilidad de prórroga, Midagri continúa trabajando bajo el supuesto de que la regulación se implementará en la fecha estipulada, aunque Manero asegura que a mitad de año presentarán los avances para cumplir con esta normativa.

En el marco de estas acciones, el Midagri informó recientemente que el Padrón de Productores Agrarios (PPA), una base de datos necesaria para georreferenciar las áreas de cultivo de café y cacao, está casi completo con aproximadamente 2.1 millones de productores inscritos, alcanzando un 97% del objetivo. Este proceso, la georreferenciación, es crucial para cumplir con los requisitos de trazabilidad exigidos por la norma europea.

En la misma línea, el Midagri sostiene que la modificación de la Ley Forestal, mediante la Ley 31973, permitirá formalizar a los productores, facilitando que los propietarios o poseedores de tierras agrícolas obtengan títulos habilitantes por hasta tres años sin necesidad de zonificación forestal.

No obstante, como se sabe, especialistas en materia ambiental, entre ellos la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), aseguran que dicha ley, aprobada en enero de 2024, fomenta la deforestación y viola artículos de la Constitución, afectando los derechos de más de 370 mil indígenas al arriesgar la titulación de tierras deforestadas. Además, esta normativa podría llevar al archivo de miles de procesos fiscales relacionados con delitos contra recursos naturales.

Ante ello, se han presentado dos demandas de inconstitucionalidad por el Colegio de Sociólogos del Perú, Región Lima y Callao, y el Gobierno Regional de San Martín, cuya demanda ya fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional, a miras de derogarla. Y, el Segundo Juzgado Civil de Maynas en Tarapoto ha admitido una demanda constitucional de acción de amparo que busca el mismo objetivo.