La Corte de Ucayali, a través del Juzgado Penal Colegiado Transitorio, determinó esta semana el sobreseimiento (mandar al archivo) del caso contra Julio Bladimir Maraví Gonzales, acusado por el delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Quien además tuvo un hijo con la víctima.
Esta decisión surge después de que el Ministerio Público decidiera retirar la acusación en contra de Maraví Gonzales, basándose en la evaluación de nuevas pruebas y testimonios que han cambiado el curso de la investigación.
El retiro de la acusación por parte del Ministerio Público se fundamentó en la reconsideración de la capacidad de la víctima para otorgar su consentimiento, a pesar de su diagnóstico previo de retraso mental moderado. Según se informa, la víctima y el acusado mantuvieron una relación consensuada, detalle que ha sido crucial para la toma de esta decisión judicial.
Este giro en el caso ha sido resultado del testimonio directo de la víctima ante el tribunal, quien afirmó haber mantenido relaciones sexuales de manera voluntaria con Maraví Gonzales y describió su relación como consensual.
Los jueces Dr. Valentín Inocente Paulino, Dra. Celinda Pizán Ugarte y Dra. Cesia Pérez Réngifo, integrantes del colegiado, tomaron en cuenta diversos elementos de prueba durante el proceso.
Entre estos, destacan las declaraciones de la víctima, su madre, y el propio imputado, así como el informe psicológico que recalca la capacidad de la víctima para consentir relaciones sexuales. Es importante mencionar que, conforme a la legislación peruana, la edad mínima para conceder consentimiento en actos sexuales es de 14 años, un detalle relevante considerando que Maraví Gonzáles desconocía la edad exacta de la víctima, quien tenía 14 años en el momento de los hechos.
La víctima tenía 14 años
Los hechos en cuestión ocurrieron en 2018, cuando la víctima tenía 14 años. Según el Ministerio Público, ella trabajaba en una pollería ubicada en una zona donde el imputados solía transitar; ya que él era taxista y era su ruta diaria. Según testigos, el imputado frecuentaba el lugar para almorzar y, durante estas visitas, comenzó a entablar conversaciones con la víctima.
Inicialmente, estos encuentros parecían haber sido casuales, ya que la menor estaba cumpliendo con su trabajo en la pollería y el imputado simplemente era uno de los clientes habituales. Sin embargo, con el tiempo, estas interacciones continuaron hacia una relación más cerca donde se comenzaron a frecuentar. Al sujeto no le importó saber que estaba tratando con una niña que aun no acaba el colegio.
Además, la madre de la víctima apoyó que ambos tengan una relación amical y no mencionó a las autoridades que Maravi Gonzales haya ejercido coerción o fuerza para iniciar esta relación. Sin embargo, cuando la mujer se enteró que su hija estaba embarazada, denunció a Maravi Gonzales.
La denuncia nació debido a que en el hospital que se atendió la agraviada, le dijeron que debía denunciar al enamorado de su hija y de no hacerlo la iban a denunciar a ella porque estaría encubriendo una violación.
Prisión para director de centro de cuidado infantil
Néstor Meneses Huanío, quien ocupaba el cargo de director en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) de Ucayali, ha sido privado de su libertad preventivamente por un periodo de nueve meses, tras ser acusado de abusar sexualmente de seis menores de edad. La orden de prisión preventiva fue dictada recientemente, específicamente el 20 de marzo, subrayando la gravedad de los hechos denunciados, los cuales presuntamente ocurrieron dentro de las instalaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), destinadas a la protección de los menores.
Las víctimas, todas entre 16 y 17 años, compartieron testimonios alarmantes, alegando que Meneses les exigía desnudarse y les tomaba fotografías antes de proceder con los tocamientos indebidos. Este comportamiento indebido no solo ha generado alarma sino también ha impulsado una rápida acción por parte del Ministerio Público, que presentó la solicitud de la medida cautelar ahora impuesta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo.
“Un paso importante en este proceso para que hechos de violencia sexual contra niñas y adolescentes no sean naturalizados y se sancionen con celeridad. Así las víctimas acceden a justicia”, expresó el Ministerio de la Mujer en un comunicado tras el lamentable suceso.
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