En el banquillo. El Poder Judicial fijó para el próximo 1 de julio el inicio de juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos, organización criminal y otros delitos por el caso Cócteles, referido a supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Junto con Fujimori están denunciados los integrantes de la cúpula del partido fujimorista, entre ellos Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Hertz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y el exesposo de la opositora, Mark Vito Villanella, entre otros 38 imputados.
El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, que sindica a Fujimori como cabecilla de una organización criminal y solicita 30 años de cárcel en su contra, ha presentado 1031 testigos, según la resolución del colegiado presidido por la jueza Nayko Coronado e integrado por los magistrados Raúl Caballero y Max Vengoa.
El tribunal dispuso notificar a los acusados, bajo apercibimiento de ser declarados reos contumaz, “en caso de inconcurrencia injustificada a la audiencia, y ordenarse su conducción compulsiva o en su caso, el archivo provisional del proceso con la correspondiente emisión de órdenes de captura”.
Los testigos y peritos, en tanto, serán convocados en la oportunidad respectiva. En diciembre pasado, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga emitió el auto de enjuiciamiento que marcaba el inicio del proceso penal contra la política y excandidata presidencial, quien ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones.
La denuncia también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución. “Espero demostrar con las pruebas que se ha admitido la culpabilidad de Keiko Fujimori y de los demás acusados para que sean condenados”, confió José Domingo Pérez, integrante del equipo Lava Jato, en una entrevista difundida en diciembre pasado por Ojo Público.
Aunque el fiscal había pedido que se imponga esta medida para evitar el peligro de fuga y asegurar la presencia de los procesados en el juicio oral, la Sala resolvió que el impedimento de salida del país no era necesaria para los procesados, ya que se les ha impuesto reglas de conducta para asegurar su presencia en el proceso.
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