El mapa de los negocios ilegales del Tren de Aragua en Perú: Dónde y cómo operan de acuerdo al territorio que invaden

El Tren de Aragua, —la estructura criminal de alcance transnacional más poderosa de Venezuela, de acuerdo a InSight Crime— continúa expandiéndose, representando una amenaza para la seguridad nacional y ciudadana de varios países, entre ellos Perú.

En el territorio nacional, uno de los puntos más controlados sería el distrito de Chala, ubicado en la provincia de Caravelí, en Arequipa. La región donde, según un reportaje publicado por Pulitzer Center, 20 mineros artesanales informales e ilegales fueron asesinados en los últimos tres años.

Uno de los casos más sonados fue el que ocurrió en junio del año pasado en el distrito arequipeño de Atico, —aproximadamente a ocho horas en bus desde Chala— donde 14 mineros artesanales de la asociación Calpa Renace fueron asesinados por sicarios contratados por la empresa Intigold Mining.

En esa línea, en la misma región donde los mineros artesanales de esta zona cuentan que sicarios se esconden en las partes altas de las montañas, el coronel PNP Fernando Portugal, jefe del Departamento de Investigación Criminal en Arequipa, ha dado a conocer a Perú 21 que Los Gallegos —brazo armado del Tren de Aragua en Perú— son los que tienen más presencia criminal en el departamento surandino.

“Los delitos que más cometen estos criminales son la trata de personas, que va de la mano con el sicariato; el tráfico de drogas y los préstamos gota a gota; además del robo de celulares que ha aumentado exponencialmente”, indicó Portugal al mencionado diario.

La Libertad: Sicariato y trata de personas

Otra de las regiones más afectadas por el avance de la megabanda es La Libertad. En esta parte del país donde las fuentes policiales han reportado 255 homicidios en 2023, el sector más amenazado es Tayabamba, ciudad del distrito homónimo y a la vez de la provincia de Pataz.

Un punto que, hoy en día, la Policía Nacional del Perú (PNP) lo cataloga como el nuevo centro de la criminalidad por el control ilegal del oro. Sin embargo, lo cierto es que la situación que se complica aún más debido a que Pataz no tiene una comisaría propia, cuyo resultado se ha traducido en al menos 26 crímenes que han ocurrido este año.

Una cifra en la que no confía la ciudadanía liberteña, pues, en el día a día se escuchan disparos, que, sospechan, vienen de los AR-15: uno de los rifles de asalto más utilizados en esta zona por parte de civiles, quienes —de igual manera— viven en constante zozobra por el incremento de los casos de trata de personas y la explotación sexual.

“Tayabamba (distrito perteneciente a Pataz) es un centro minero, pero hay más vida nocturna, más comercio, bares, discotecas y edificaciones modernas; ahí se ha incrementado la prostitución”, precisó Méndez para Perú 21.

Cabe recordar que, en medio de todo este contexto, se sabe que este municipio recibe por parte del Gobierno central una inyección económica de casi 50 millones de soles anuales por alojar a tres mineras importantes: Poderosa, Aurífera Retamas y Consorcio Horizonte.

¿Qué sucede en Lima mientras tanto?

En la capital, como ya se sabe, La Victoria y El Agustino enfrentan una crisis de seguridad en un complejo escenario que ha puesto en alerta a un número importante de comerciantes, mototaxistas, entre otros trabajadores.

Por tal motivo, desde la semana pasada, los ciudadanos de ambos distritos se vienen organizando mediante acciones de protesta para exigir un alto a la ola violencia en sus jurisdicciones, donde las mafias dedicadas principalmente a la extorsión, cobro de cupos, robos y otros delitos, los amenazan constantemente.

Una realidad que ha puesto sobre la mesa la delgada línea entre el hartazgo por la inseguridad ciudadana y la xenofobia. Esto luego que se publicara un video en redes sociales donde presuntos miembros de la organización criminal denominada Los Gallegos, vinculados al Tren de Aragua, anunciara su intervención en defensa de los ciudadanos venezolanos.

Cabe recordar que dichas mafias —sin confirmar aún que estén integradas en su totalidad por personas de Perú, Venezuela u otro país— también cometen los delitos de robo, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual y dominio de la vía pública en la capital, sobre todo, en Juan de Miraflores, Lince y el Emporio Comercial de Gamarra.