El congresista Waldemar Cerrón, quien fue aliado político de Pedro Castillo durante su gobierno, ha presentado una iniciativa legislativa a fin de regular la prisión preventiva en el Código Procesal Penal. El texto señala que dicha ley tiene como finalidad “luchar contra la criminalidad, así como garantizar los derechos humanos”. Por ello hace falta cambios en seis artículos del mencionado texto.
El principio de proporcionalidad, la sustentación de la debida motivación forzada y el respeto a la presunción de inocencia aparece como uno de los requisitos para dar pase a la prisión preventiva. Sin embargo, llama la atención que se señala que “en ningún caso procede la prisión preventiva con base únicamente en dichos ni en declaraciones en el contexto de una colaboración eficaz”.
Entre otros cambios señalados se menciona que la prisión preventiva podrá ser impuesta en caso se determine que “la sanción a imponerse sea superior a diez años de pena privativa de libertad”. Asimismo, aplica en caso se determine que el implicado podría tratar de eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad. Esto está estipulado dentro de los presupuesto materiales.
Seis meses será el tiempo máximo de imposición de prisión preventiva. En caso sean procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de nueve meses. Para aquellos que están involucrado en una presunta criminalidad organizada, la pena no durará más de doce meses. Cabe recordar que este último caso es el del expresidente Pedro Castillo quien habría liderado una organización criminal durante su gobierno.
La prisión preventiva podría ser ampliada hasta cinco meses adicionales en los casos por procesos comunes, ocho para los complejos y 12 para aquellos vinculados a la criminalidad organizada. La propuesta de ley lleva las firmas de Flavio Cruz, María Taipe, Américo Gonza, Margot Palacios, Wilson Quispe y Kelly Portalatino, todos ellos integrantes de la bancada de Perú Libre.
“La prisión preventiva es una medida excepcional posible y responde a una finalidad especial, pues la regla es que la persona involucrada en determinado proceso penal, lo atraviese y afronte en libertad hasta que se determine o no su responsabilidad penal individual, independientemente de la calidad de la persona y/o el tipo de delito que se le imputa, en consonancia con la objetividad e imparcialidad como garantías de un debido proceso”, se lee en el texto presentado.
Pedido rechazado
Desde que fue detenido y posteriormente llevado a prisión, los simpatizantes han criticado la actitud de la justicia para con el expresidente. Es así que la Federación Nacional de Abogados del Perú bajo la representación de Gregorio Parco Alarcón presentó un recurso que solicitaba la anulación de la prisión preventiva contra Pedro Castillo. Sin embargo, esta fue desestimada por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima a cargo de Gisela Haydee Ocaña Chalco.
El recurso fue planteado contra el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley Soria que dictó la prisión preventiva de Castillo, así como contra los magistrados César San Martín Castro, Manuel Luján Tupez, Carmen Paloma Altabas Kajatt, Erasmo Armando Coaguila Chávez y Norma Beatriz Carbajal Chávez que confirmaron la medida. La prisión preventiva fue oficializada el 15 de diciembre del año pasado.
Por su parte, la Procuraduría del Poder Judicial señaló que no se ha detectado vulneración al debido proceso y que se procedió con la prisión preventiva al determinarse “la existencia de la sospecha fuerte como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – rebelión y conspiración”. Además, recuerdan el presunto intento de pedido de asilo de Castillo tras dar el autogolpe.
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