Mulino reitera veto a empresas europeas mientras Panamá siga en lista negra

El presidente José Raúl Mulino reaccionó este lunes a la decisión de la Unión Europea de mantener a Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal y anunció que su gobierno sostendrá la restricción para que empresas europeas no participen en licitaciones estatales mientras el país continúe en ese listado.

“Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La declaración se produce luego de que la Unión Europea actualizara su lista en febrero y Panamá continuara incluida, en el marco del proceso regular de revisiones que realiza el bloque comunitario.

Mulino reiteró así la advertencia que formuló al inicio de su administración, cuando señaló que ninguna empresa de países que mantengan a Panamá en listas consideradas discriminatorias podrá participar en contratos con el Estado.

El mensaje presidencial coincide con el comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el que el Gobierno toma nota del anuncio europeo y subraya que la decisión forma parte de los procedimientos internos de la Unión Europea.

El Ejecutivo indicó que Panamá mantiene un diálogo continuo con autoridades europeas y actores nacionales, y que continúa fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional.

“El Gobierno Nacional confía en que los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones”, señaló el MEF en su pronunciamiento.

La administración reafirmó su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de un sistema financiero sólido y competitivo, en medio de las presiones externas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha sostenido que Panamá ha cumplido con múltiples compromisos técnicos en materia de intercambio de información y adecuaciones normativas.

Uno de los puntos centrales en discusión con la Unión Europea es el requisito de sustancia económica, un concepto que busca garantizar que las empresas registradas en una jurisdicción desarrollen actividades reales y no funcionen únicamente como estructuras formales sin operación efectiva.

La exigencia de sustancia económica implica que las compañías deben demostrar presencia física, personal calificado, toma de decisiones en el territorio y actividad económica verificable. Chapman ha señalado que Panamá ha adoptado ajustes regulatorios para atender estas observaciones, y que el país continúa colaborando con las autoridades europeas para cerrar cualquier brecha pendiente.

Mientras tanto, la postura del presidente Mulino introduce un componente comercial y político en la discusión. El mandatario reiteró que mantendrá la restricción a empresas de países que sostengan a Panamá en listas discriminatorias, lo que podría tener implicaciones directas en futuras contrataciones públicas.

El contexto no es menor. En los próximos meses se prevé el avance de proyectos estratégicos de gran envergadura, entre ellos la construcción del tren Panamá–frontera, una iniciativa que ha despertado interés de consorcios y compañías internacionales, incluidas firmas europeas.

La restricción anunciada por el Ejecutivo podría incidir en el mapa de participación empresarial en estas obras, dependiendo de la evolución del diferendo con la Unión Europea.

El Gobierno ha insistido en que el país trabaja para salir del listado en la revisión prevista para octubre. La inclusión en la lista europea no conlleva sanciones automáticas, pero sí puede generar efectos reputacionales y restricciones indirectas en el acceso a financiamiento o relaciones comerciales, lo que explica la relevancia política del tema.

En la reciente actualización de la Unión Europea, Panamá continúa listado junto a otras jurisdicciones que no han cumplido plenamente con los criterios de transparencia fiscal, por lo cual permanece en el llamado Anexo I de no cooperantes.

Los países que se mantienen en esa lista incluyen: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Rusia, Vietnam y las Islas Turcas y Caicos.

Por el contrario, naciones como Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago fueron excluidas del repertorio en esta revisión semestral, tras haber demostrado avances o cambios en sus estándares fiscales, al tiempo que Panamá y otros territorios siguen en el grupo sujeto a seguimiento y evaluación periódica.