Seguridad pública: los desafíos que implica su puesta en valor

Las Políticas Públicas de Seguridad devienen obsoletas ante fenómenos delictivos ocasionados por organizaciones criminales de estructura complejas. Para afrontar con probabilidades de éxito, la actividad del crimen organizado, requiere de una acertada readecuación de conceptos estratégicos y operativos, los que deben partir del Principio de Integralidad.

Los distintos Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como el Ministerio Público Fiscal, comparten responsabilidades y competencias. Por lo tanto, deben participar de su diseño e implementación. Lo mismo ocurre con los distintos niveles de gobernanza, es decir, la Nación, las Provincias y los Municipios. Toda medida que se adopte en forma aislada tendrá escaso o nulo efecto. La Planificación Estratégica de esas Políticas integrales deben tener en miras que estas resulten simples y aplicables.

No obstante, ello, existen una serie de conceptos, o “ideas-fuerza”, que se considera indispensable aplicar a corto plazo.

Las Fuerzas de Seguridad y Policiales, deben, en el menor tiempo posible, regresar a sus misiones principales y primigenias; es decir, la Gendarmería Nacional se debe concentrar en la custodia y control de nuestras fronteras terrestres, y lo propio debe hacer la Prefectura Naval sobre las fronteras fluviales y marítimas. En este orden de ideas, se debe discutir con seriedad el rol y misión determinante que debe cumplir la Policía Federal Argentina; una posibilidad de peso, es que se siguiera el diseño institucional que tiene la Bundeskriminalamt (B.K.A.) alemana.

El empeño de las Fuerzas Federales en misiones de Seguridad Ciudadana debe darse en un contexto de seria conmoción social, basado en el principio de “concentración de esfuerzo operativo” apelando al espíritu de la Ley de Seguridad Interior. Ejemplos palpables de empeño federal podríamos encontrarlo en el conflicto con organizaciones que disputan territorios desconociendo la soberanía nacional sobre los mismos o bien, en la Ciudad de Rosario y zonas de influencia, a raíz de la inseguridad creada por la actividad de “organizaciones criminales de estructura compleja”.

El despliegue de las fuerzas federales en grandes extensiones geográficas urbanas y suburbanas, en misiones de prevención del delito ordinario, no arroja resultados tangibles y observables en el análisis estadístico delictivo; es una auténtica “gota de agua en el desierto”.

Para las fuerzas comprometidas significa un dispendio de recursos materiales y humanos que culminan potencialmente con las fuerzas desmoralizadas y desmotivadas, al saber de ante mano que los resultados no serán los esperados. Para concluir, los decisores deben saber que la presencia y mero despliegue de fuerzas policiales no desanima la comisión de delitos.

Existe la posibilidad de redefinir la misión principal de la Policía Federal Argentina, concentrada en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, o bien, en caso de no considerarse esta opción, podría tratarse la creación de una organización policial “Antidrogas” o “De lucha contra el Crimen Organizado”.

La Fuerza Federal Antidrogas, podría integrarse con los distintos componentes de las FF. SS y Policiales, que en la actualidad y casi sin coordinación, combaten contra el narcotráfico.

Las mismas podrían depender funcionalmente de la Procuraduría Federal Antidrogas (Procunar); mientras que solo administrativamente lo harían de sus cupulas institucionales. La misma Procunar debería contar con delegaciones en las ciudades más importantes de todo el país. Desde el punto de vista económico, una decisión de este tipo tendría costos muy bajos. El narcotráfico es la manifestación más conocida e importante de la Delincuencia Organizada Internacional, pero (como ya se ha dicho) no la única. Por esa razón la Agencia podría ser también “Agencia de Investigación de la Delincuencia Organizada” e integrando entonces a otra Fiscalía temática: La UFICO (Unidad Fiscal de Lucha contra el Crimen Organizado)

El Estado cuenta con otras Agencias u Organismos que resultan de suma importancia para neutralizar y combatir al Crimen Organizado; la Unidad de Inteligencia Financiera (U.I.F.) y la “Oficina Anticorrupción” (O.A.), son un claro ejemplo. Para su mejor desempeño, las mismas podrían integrarse en el marco de las políticas públicas, tanto de Prevención como de persecución del delito; contando siempre con la debida “independencia o autarquía” funcional, sin interferencias políticas y con profesionales en las materias que son de su competencia.

En el mismo sentido, se deberían acelerar los plazos de implementación a nivel federal del Sistema Acusatorio Adversarial, con la total puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, aprobado en el año 2014. De esa manera dejara en manos de los Fiscales Federales, la persecución de los delitos propios de la Delincuencia Organizada, tornando más eficiente la aplicación de la ley penal.

Estrechamente relacionadas con el combate contra la Criminalidad Organizada, se encuentran las funciones estatales de Inteligencia y análisis Criminal.

En este campo se observan escasos resultados y (en consecuencia) resulta poco relevante en la mitigación o neutralización ex ante, de los delitos propios de la criminalidad organizada. Ha quedado suficientemente probado que, ante la Delincuencia Organizada, las “estrategias de lucha proactivas”, tienen mejores resultados que las “reactivas”. Alli juega un rol esencial La Inteligencia y análisis Criminal.

Las funciones de Inteligencia Criminal en nuestro país fueron primeramente desprestigiadas, al ser confundida por muchos como una “actividad de espionaje” con escasa o nula legalidad. La transparencia en la actividad es un factor imprescindible.

Para mejorar los estándares actuariales se deberá propender a la optimización y desarrollo de los vínculos entre las distintas Agencias que produzcan Inteligencia, desde la D.N.I.C. (Dirección Nacional de Inteligencia Criminal), pasando por cada una de las dependencias de las Fuerzas de Seguridad y Policiales a nivel nacional y también provincial, encargadas de la función de Inteligencia Criminal y/o Policial. A ellas se debe sumar la Inteligencia Penitenciaria, reconocida como una de las mejores fuentes de información calificada sobre actividades delictivas. Es muy importante que, acompañada de una normativa acorde, se sume al Esfuerzo de Inteligencia al Ministerio Público Fiscal, por ser estos también una fuente informativa de suma relevancia.

Los Servicios Penitenciarios que integran el Sistema Penitenciario Nacional (S.P.F. como cabeza de sistema, sumado a los servicios penitenciarios Provinciales, deberán disponer de políticas actuariales en función de lograr una incidencia positiva en la reducción de los índices de reincidencia y reiterancia, en promover el desistimiento del delito y en atender a la protección pública, garantizando el derecho humano a la seguridad, de los mismos internos, pero, fundamentalmente de la sociedad en general, consolidando el establecimiento de nuevos estándares para el tratamiento de la población privada de la libertad.

Como instrumento fundamental para optimizar el desarrollo de las acciones propuestas, y como sustento de las mismas, se debería contar con la debida planificación estratégica situacional, la que se ha de constituir como una herramienta no solo de gestión sino de rendición de cuentas y transparencia de la actividad institucional, implementando y midiendo el desarrollo de los objetivos para el conocimiento de la comunidad local, regional e internacional, estableciendo además, definiciones institucionales que incluyan metas cualitativas y cuantitativas, e indicadores de cumplimiento concreto y específico de tan difícil, delicada y trascendente labor.

La aparición de nuevas formas de criminalidad, el surgimiento de delitos transnacionales, el avance del narcotráfico, la situación social y cultural cambiantes, y las patologías y personalidades siempre complejas de muchos de los alojados, requieren que la mirada sobre los problemas propios de la criminalidad permitan admitir la incidencia de influencias pluricausales, por lo que se conciben nuevos programas destinados a alcanzar los principios de la rehabilitación eficaz a partir de la ponderación del modelo de riesgo y necesidad, (con la consecuente clasificación inicial por riesgos, categorización de internos por riesgos - y necesidades de abordaje terapéuticos - y categorización por niveles de seguridad en función del riesgo, de los establecimientos carcelarios, para el alojamiento de los mismos).

Recordemos que, por no cumplir este último postulado, entre otros detalles que la justicia deberá develar, pudo concretarse la misteriosa fuga del Complejo Penitenciario de la C.A.B.A., del interno Mauricio Jesús Laferrara alias “Caníbal”, a quien la justicia lo sindica como líder de sicarios de la organización narco criminal liderada por Esteban Lindor Alvarado.

El S.P.F. mantiene un despliegue territorial vasto, a lo largo y ancho de la república, con presencia en trece de las veintitrés provincias y en el distrito federal que representa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conforman nuestro país.

A la fecha se hallan en desarrollo la construcción de diversos tipos de establecimientos carcelarios, siendo el más avanzado el proyecto del Complejo Penitenciario Federal AGOTE, en la localidad Bonaerense de Mercedes (Pcia. De Bs. As.), una construcción proyectada para el funcionamiento de 1584 plazas de alojamiento, y el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, en Coronda, Santa Fe, proyectada para el funcionamiento de 464 plazas de alojamiento.

En ninguno de los dos proyectos se estima viable la culminación de obras, en lo que resta de este año 2023. No resulta aconsejable, en este tipo de emprendimientos, las habilitaciones parciales, atendible solo en el marco de la necesidad política, pero, distante del objetivo de la integralidad en materia de seguridad Penitenciaria, finalmente de seguridad pública.

Para concluir, retomamos el punto inicial, destacando el concepto de integralidad en la gestión de cualquier política de seguridad que pretenda implementarse con cierta expectativa de éxito.

La complementación de los instrumentos que dispone el estado, el trabajo multiagencial enfocado en la resolución de problemas complejos que afectan a la seguridad pública, sumados a la puesta en valor de acciones estratégicas que logren la sinergia adecuada entre dichos instrumentos, serán parte del desafío para las nuevas autoridades que, deberán dar pronta respuesta a una sociedad que reclama con justa razón, les restituyan el derecho a vivir en una sociedad segura.