Parece una pregunta recurrente que desde el mismo origen de Internet nos venimos formulando ante su expansión, el surgimiento de nuevos servicios y las nuevas tecnologías asociadas al uso de redes de conexión. Con la Inteligencia Artificial (IA) ha resurgido el dilema.
Para emitir norma en el ámbito digital hay que tener en cuenta estos elementos:
Primero: contenidos de todo tipo circulando libremente en millones de páginas web, compuestas de opiniones, imágenes, videos, fotos. Falsos o reales, legales o delictivos.
Segundo: ausencia de regulación específica para cada servicio que se presta en línea. Y la imposibilidad fáctica de aplicar leyes de otras jurisdicciones.
Tercero: el rol de las empresas y el sistema predominante en la actualidad basado en la autorregulación de servicios. Lo que implica la aceptación en pleno de los términos y condiciones establecidos por ellas.
Cuarto: órganos judiciales o administrativos impávidos frente a cómo y de qué forma actuar ante toda alteración y posible afectación de derechos personales.
Son elementos de un enunciado en una ecuación en donde cada punto representa una incógnita a la resolución del problema de fondo. A esto le sumamos un nuevo factor para contemplar: los resultados de la IA y sus temas jurídicos implicados, titularidad de la propiedad intelectual, responsabilidad, uso de datos o privacidad, entre otros.
Todo invento, y más cuando este ya está distribuido en millones de personas, es imposible de volver atrás. Así que los planteos de limitar, controlar, incluso prohibir su utilización, son tan improbables como pretender regular de manera unificada y global a la misma internet. Su configuración técnica, la expansión, conectividad y utilización atomizada y caótica han hecho de ella la raíz de su éxito. Por ello un control de la IA desde un órgano central de control parece improbable.
Si se considera conveniente regular el funcionamiento de la inteligencia artificial, surge otra pregunta: ¿cómo hacerlo? En cambio, si se opta por no regular quedarían sin solución las cuestiones conexas y derivadas del aprovechamiento para cometer delitos que por medio de internet ocurren en la actualidad y seguramente acontecerán con la IA.
Todo intento de regulación para no quedar en la vacuidad de los buenos deseos debe plantearse desde las condiciones fácticas, técnicas, reales y posibles de su tratamiento. Por lo que emitir normas imperativas para la Inteligencia Artificial en forma generalizada caerán en el fracaso.
Es por ello que, para resolver las problemáticas que surgen hoy en día, nuevas regulaciones deben hacerse de modo integral, no solo mediante expertos a nivel legal de cada una de las especializaciones -civil, comercial, laboral, penal, etc.- sino que resulta necesario el asesoramiento de expertos en materia técnica, ya sea de programación, blockchain, desarrollo de software, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otros.
El fenómeno nos trae dos características esenciales que resultan un desafío al momento de establecer normativas. La primera es la interconexión que tiene cada rama de tecnología, y segundo la rápida expansión de nuevos servicios, lo que genera que la norma siempre esté por detrás de las problemáticas actuales.
Esto puede verse por ejemplo en las estafas informáticas: nuevos métodos de engaño que se concretan en minutos, mientras que las investigaciones pueden tardar meses o años, por legislaciones procesales que no se adecuaron a los nuevos paradigmas.
En ese marco, tal vez la aplicación de la IA pueda ser fundamental al momento de apoyar los procedimientos de investigación penal. Y tal vez, en lugar de pensar cómo regularla, sería más provechoso estudiar cómo nos podrá ayudar con la aplicación de las leyes.
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