
José López, el ex secretario de Obras Públicas, apuntó hoy contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido como los responsables de decidir a qué empresas se les pagaba y a quién no. Y confirmó que los primeros pagos que se ordenaban eran para empresas amigas. Así lo revelaron a Infobae fuentes judiciales, luego de que López declarara en la causa por la cartelización de la obra pública, un desprendimiento de la megacausa de los cuadernos de la corrupción, que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
Bajo el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia, José López –detenido desde junio de 2016, enjuiciado por enriquecimiento ilícito y arrepentido en el caso de los "cuadernos"– volvió hoy a los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar en la causa que investiga una asociación ilícita que funcionó con la obra pública que llevaba adelante el Estado entre 2003 y 2015. Precisamente, la causa se abrió a raíz de las declaraciones que, en el expediente cuadernos, hicieron como imputados-colaboradores el propio López, Carlos Wagner –ex presidente de la Cámara de la Construcción- y el financista Ernesto Clarens. Los tres fueron considerados "organizadores" de la banda que habría encabezado Cristina Kirchner, secundada por De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta.
Al llegar al juzgado de Bonadio, López pidió que todo lo que dijera en esta nueva causa se interpretara como un nuevo aporte que estaba haciendo a su acuerdo de colaboración. Es decir: como si en este expediente también fuese un arrepentido. En ese marco, López insistió en que Cristina Kirchner tenía un rol fundamental a la hora de evaluar las listas que le llevaba a ella y al ministro De Vido.

En su declaración quiso dejar en claro que él no era el que decidía. "Dio detalles sobre cómo se llevaba adelante el mecanismos, como llegaban a sus manos los listados de Vialidad y los entregaba a De Vido y Cristina, que le indicaban a quiénes se pagaba y a quiénes no. Y claramente las primeras en cobrar eran las empresas 'amigas'", resumieron a las fuentes consultadas.
La declaración de López aludió a las listas que aportó Clarens en la causa de los cuadernos en donde se detallaban las obras que Vialidad entre 2003 y 2015, con montos, presupuestos y casi un centenar de empresas de la construcción.
Clarens aseguró como arrepentido que el mecanismo que funcionaba en el llamado "club de la camarita" era simple: cuando la licitación preveía un adelanto del 20%, se le pedía a la empresa que tenía la obra un retorno del 10% en efectivo y en un pago. Cuando el proyecto incluía un anticipo menor, del 10%, el adjudicatario debía retribuir el monto total pero financiando el pago de la coima en cuotas.
El dinero era entregado a Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en el 2016 y cuyos familiares y testaferros terminaron procesados por lavado de dinero tras las millonarias inversiones que se detectaron en el país y en el exterior. Clarens también había dicho que la selección de empresas que "ganaban" las licitaciones dependía del Ministerio de Planificación y que era la propia Cristina Kirchner instruía a qué empresas debía pagarle primero Vialidad.
Con Lopez, Bonadio cerró la ronda de 101 indagatorias que había fijado para el caso de la cartelización de la obra publica. Hoy también declararon los cuatro ex funcionarios de Vialidad Nacional que fueron arrestados el sábado pasado: Nelson Guillermo Periotti (Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad); Sandro Férgola (Gerente de Obras y Servicios Viales, y Subadministrador General de la DNV); Sergio Hernán Passacantando (Gerente de Administración de la DNV) y Germán Ariel Nivello (funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda).
Todos rechazaron los cargos por los que fueron presos y aseguraron que o no estaban al tanto o solo cumplieron funciones. Los cuatro pidieron sus respectivas excarcelaciones. Por el momento permanecen detenidos.
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