Ejército y Marina asumirán la seguridad en Pemex con 4.000 elementos para combatir el robo de combustible

El robo de combustible en el país se disparó de 26.000 barriles diarios en 2016 a 58.000 en en 2018, con pérdidas que hoy suman los 66.300 millones de pesos (mdp) al año y equivalen a 10% de la producción total petrolera si se considera que para producir un barril de combustible se necesitan dos de petróleo.

Frente a estos números, el gobierno federal puso en marcha un plan conjunto contra el robo de combustible, que incluye el despliegue de 4.000 efectivos más del Ejército y la Marina en instalaciones estratégicas de Petróleos Méxicanos (Pemex)

Las acciones ya dieron como resultado el inicio de procedimientos administrativos y posiblemente penales contra 3 empleados de la empresa.

Al presentar el plan, en el que intervendrán 15 secretarías de Estado y dependencias del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el saqueo de combustible –conocido como "huachicol"– es "un gran robo a la nación" y, por lo tanto, un tema seguridad nacional que justifica la intervención de las Fuerzas Armadas.

Por eso el Ejército y la Marina ampliarán su presencia en instalaciones estratégicas de Pemex con 4.000 elementos más distribuidos en 58 puntos que incluyen 6 refinerías, 12 estaciones de rebombeo, 39 centros de distribución y un centro de control, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.

El general explicó que actualmente las Fuerzas Armadas mantienen "seguridad periférica" en 73 complejos de Pemex. Al ampliar su cobertura, extenderán la seguridad a los 15 sistemas de distribución de combustibles de la petrolera mexicana.

La vigilancia militar incluirá los sistemas de abastecimiento y reparto, así como controles de acceso y salida en algunos puntos, el cuarto de control de abastecimiento y los tanques verticales.

"Ya hay funciones especificas diseñada para que militares y marinos sepan que tienen que observar y verificar", explicó el titular de Defensa.

Adelantó además que en cuanto el Congreso apruebe la iniciativa de creación de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Militar también se sumarán a las tareas de vigilancia en Pemex.

López Obrador aseguró que hay fundamento legal para la intervención de las Fuerzas Armadas en Pemex. "Lo establece la Constitución, es un asunto de seguridad nacional, seguridad interior, y puede entrar el Ejército y la Marina", dijo.

López Obrador comparó que el monto económico de combustible robado cada año equivale al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande de Latinoamérica, a 60% de lo que el gobierno invertirá en las pensiones de adultos mayores, y 60 veces más de lo que destinará a la creación de 100 universidades públicas.

"Esto ya no lo podemos permitir, tenemos que acabar con esta corrupción", dijo el presidente al ofrecer los detalles del plan conjunto, durante su conferencia de prensa matutina.

Explicó que el robo de combustible no es un asunto de delincuencia común. "Eso es una especie de pantalla", dijo, pues hay la hipótesis de que sólo 20% del total de lo robado es extraído de los ductos de distribución y la mayor parte, en cambio, tiene que ver con un plan que opera con la complicidad de autoridades de Pemex y con una red de distribución.

En esta red hay empleados de la petrolera, transportistas, gasolineras y hasta empresas de construcción que compraban grandes montos de combustible robado para la operación de su maquinaria, afirmó.

"En las grandes obras había depósitos donde se vendía diésel y gasolina robados, y se hacía de manera abierta, descarada", dijo.

"¿Cómo distribuían 1.145 pipas robadas cada día?", preguntó. "Eso es 'huachicol' pero desde arriba".

El presidente afirmó que no tiene evidencias de la participación de ex funcionarios en esta red de operación de robo, pero sabían la dimensión del problema porque llevaban incluso un control diario de las pérdidas. Sin embargo, no hicieron nada.

"Desde hace 3 sexenios sabían del robo, desde 2000-2003 se robaban 12,000 mdp, pero ahora estamos hablando de más de 60.000 mdp", dijo.

Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho en la Procuraduría General de la República, afirmó que desde el área de Pemex Logística, responsable de la operación de válvulas y ductos que transportan combustibles, un grupo de individuos a cargo de estos sistemas permitían el saqueo.

En contra de tres ya hay abiertos procesos de responsabilidad administrativa y el Ministerio Público de la Federación abrió las carpetas de investigación correspondientes, dijo.

López Obrador también dijo que hay un transportista detenido, quien entraba y salía con pipas de una refinería. "Hay elementos (en su contra), pero lo demás no lo podemos dar a conocer porque están abiertas los procesos".

También informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya se puso en contacto con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps para advertirle que no tolerarán que nadie en Pemex, sea funcionario o trabajador sindicalizado, participe en actos ilícitos.

El presidente explicó que había áreas de Pemex a las que no podían entrar las autoridades de la empresa porque estaban reservadas a la operación o administración de trabajadores sindicalizados.

"Pero eso ya se resolvió", dijo. "Nada más se les informó a los dirigentes que las autoridades de Pemex, el gobierno federal y las Fuerzas Armadas iban a cuidar las instalaciones estratégicas, y que ya no hay ninguna zona ni área en la que no se pueda intervenir".

El plan conjunto del nuevo gobierno federal contra el robo de combustible comenzó a operar el pasado 20 de diciembre con la intervención de las nuevas autoridades en el sistema de monitoreo y control de ductos de Pemex y la suspensión de funcionarios.

Al día siguiente, comenzaron a verse los resultados y ya hubo una disminución de 17.4% del robo, afirmó Octavio Romero Oropeza, director de Pemex.

López Obrador hizo un llamado para evitar el tráfico y la compra de combustible robado en todos los sectores, pues advirtió que vienen cambios a la constitución para tipificar como grave este delito.

"Se va a castigar tanto al que vende como al que compra", dijo el presidente.

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