Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaron la libertad porque no hay riesgo de que entorpezcan la investigación judicial en la que están procesados tras no pagar $8.000 millones de impuestos. Así lo entendió el voto mayoritario de la Sala I de la Cámara Federal que dispuso las libertades. Las acusaciones quedaron firmes pero los empresarios continuarán el trámite judicial en libertad.
El juez federal Julián Ercolini había ordenado detener el 19 de diciembre pasado a López y de Sousa porque entendió que intentaron desprenderse de parte de sus empresas cuando no podían hacerlo y eso es un riesgo para la investigación que solo se puede limitar con el encarcelamiento. Pero los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros tuvieron otro criterio.
"Las actuaciones no revelan ocultamiento sino lo contrario", expresó Farah en su voto. El camarista sostuvo que el juez de primera instancia tenía otras medidas para asegurar la causa antes que las detenciones. Y señaló que los empresarios "solicitaron expresamente al juez que autorizara a vender acciones sujetas a una inhibición general de bienes; a la par que informaron formalmente del cambio de administradores".
"No advierto que haya existido ocultamiento o ardid en ese proceder; tampoco se invocó en la resolución apelada ninguna prueba independiente que haga pensar lo contrario. Es fácil advertir que los activos se hallaban (se hallan) afectados a la 'inhibición general de bienes' que el juez había dispuesto. Sin autorización judicial no había perfeccionamiento posible del traspaso", explicó.
Farah también diferenció la situación de López y de De Sousa con la del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, también procesado en la causa pero que no fue detenido.
"Desde una mirada global de la hipótesis sobre la que se trabaja, el encarcelamiento de los imputados es incoherente con el criterio adoptado por el mismo juez al mantener la libertad ambulatoria del funcionario público consorte de causa, o el que respecto de ellos mismos se adoptó en otros legajos conexos", señaló el camarista, que criticó al juez Ercolini por la "poca actividad investigativa llevada adelante sobre aspectos directamente vinculados de los hechos".
Por su parte, el juez Ballesteros dijo que "López y de Sousa están presos para asegurar la reparación del daño patrimonial generado por el hecho" y calificó de "palmaria improcedencia" las prisiones preventivas.
El camarista agregó que "no existe tratado internacional ni auspiciosa declamación que justifique la prisión como garantía del acreedor" y que el juez de primera instancia "no barajó la posibilidad de echar mano de cautelas propias del derecho mercantil, orientadas a la protección de la empresa y, por tanto, al patrimonio como garantía de los acreedores, sin mengua de atender también sus costados sociales. No se evaluó el desplazamiento de los imputados de la dirección societaria".
"En suma, no se ponderaron más medidas, ni regulares ni atípicas. Solamente una: la prisión. El decomiso de los bienes, incluso de manera 'preventiva', es una cosa. El decomiso de la libertad, es otra bien distinta", concluyó. El voto en disidencia fue del camarista Leopoldo Bruglia, que se inclinó por confirmar las detenciones.
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La Cámara Federal ordenó liberar a Cristóbal López y Fabián de Sousa
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