
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de disposiciones de la Ley General de Transparencia impugnadas por la organización Artículo 19 y Proyecto Justicia Común (PROJUC) en un amparo que cuestiona las nuevas causales de reserva de información, la confidencialidad de investigaciones contra servidores públicos y la suspensión de recursos para exigir datos al Estado.
El expediente A.R. 474/2026 fue turnado esta semana a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, de acuerdo con un comunicado de Artículo 19. Las organizaciones sostienen que la reforma aprobada en 2025 reduce la protección del derecho de acceso a la información.
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La demanda combate artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, según los promoventes, permiten a las autoridades negar información sin acreditar de forma suficiente un daño real por su difusión.
El amparo cuestiona causales amplias para reservar información
Entre las disposiciones impugnadas se encuentran supuestos que permiten clasificar información si su difusión “compromete la paz social”, causa daños al interés del Estado o si el daño de hacerla pública supera el beneficio de conocerla.
La reforma también contempla la reserva de datos vinculados con programas federales para proteger instalaciones o materiales nucleares, así como sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones o defensa operados por el Gobierno Federal.
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Artículo 19 y PROJUC señalan que estas hipótesis contienen conceptos amplios que pueden dar margen a decisiones discrecionales. Las organizaciones advierten que la ley no exige demostrar con precisión cómo la divulgación de un documento produciría un riesgo real.
El juicio también cuestiona la posibilidad de reservar información relacionada con investigaciones penales en curso y procedimientos administrativos inconclusos contra personas servidoras públicas.
De acuerdo con el comunicado, estas reglas pueden impedir que la ciudadanía conozca denuncias, presuntas irregularidades, decisiones administrativas o posibles actos de corrupción hasta que exista una resolución firme. Ese proceso puede prolongarse durante años.
La reforma establece además que la información sobre corrupción puede difundirse cuando ésta haya sido acreditada. Para ARTICLE 19 y PROJUC, esa condición dificulta el acceso a indicios que pueden servir para documentar, investigar o denunciar posibles actos ilícitos.
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La reforma permite ocultar si existen denuncias en trámite
Uno de los puntos del amparo se dirige contra la disposición que considera confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de quejas, denuncias y procedimientos administrativos seguidos contra servidores públicos o particulares cuando sigan en trámite o no concluyan con una sanción firme.
Las organizaciones plantean que esta regla limita la rendición de cuentas, pues evita que las personas conozcan si una autoridad o un particular enfrenta procedimientos administrativos en curso.
La demanda fue promovida el 12 de mayo de 2025, después de la publicación de la nueva ley tras su aprobación en el Congreso el 20 de marzo de ese año. Un Juzgado de Distrito en Ciudad de México admitió el recurso el 15 de mayo.
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El expediente impugna, entre otras normas, las fracciones I, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 112; la fracción II del artículo 114; el último párrafo del artículo 115, así como los artículos octavo, décimo octavo y vigésimo transitorios.

La transferencia de la PNT forma parte de la impugnación
El amparo también cuestiona el traslado de la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Artículo 19 y PROJUC sostienen que la reforma no define el procedimiento para transferir la información, ni establece mecanismos para garantizar que los datos no sean alterados, eliminados u ocultados durante el cambio institucional.
Las organizaciones también cuestionan las medidas para proteger la plataforma contra intrusiones o manipulaciones. Señalan que la falta de reglas claras genera dudas sobre la integridad y disponibilidad de los registros públicos.
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La PNT concentra solicitudes de acceso a la información, respuestas de sujetos obligados y recursos de revisión. Por ello, la demanda advierte que cualquier interrupción, pérdida o modificación de datos puede afectar a personas que buscan información pública.
Los transitorios suspendieron recursos y juicios de amparo
Otro de los argumentos se concentra en los artículos transitorios que suspendieron durante 90 días los trámites y recursos de impugnación relacionados con el derecho de acceso a la información.
Según el comunicado, durante ese periodo las personas no pudieron presentar apelaciones ni impulsar procedimientos para controvertir respuestas de las autoridades. Las organizaciones consideran que la suspensión obstaculizó el ejercicio efectivo del derecho a saber.
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La reforma también suspendió por 180 días los plazos de juicios de amparo en trámite sobre acceso a la información y protección de datos personales, mientras se creaban juzgados especializados en esas materias.
PROJUC y ARTICLE 19 afirman que esa medida dejó sin avance procesos ya iniciados ante juzgados y tribunales. El planteamiento sostiene que la interrupción de plazos vulnera el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
La ministra Esquivel deberá analizar si las normas reclamadas se ajustan a los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y acceso efectivo a la justicia.
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