
El 2027 llegará con dos ajustes obligatorios para las empresas mexicanas: el aumento al salario mínimo y el primer recorte de la jornada laboral, que bajará de 48 a 46 horas semanales como parte de la reforma que llevará el límite a 40 horas en 2030. Los trabajadores que no reciban ninguno de los dos ajustes cuentan con vías específicas para reclamar ante las autoridades laborales.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) prepara la instalación de su sesión permanente entre el 23 y el 27 de noviembre para discutir el incremento que regirá desde el 1 de enero de 2027. El plazo para que sindicatos y patrones presenten sus propuestas técnicas vence el 30 de noviembre, y a partir del 1 de diciembre el Consejo de Representantes puede emitir la resolución final, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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La discusión parte del salario mínimo vigente en 2026: 315.04 pesos diarios en la zona general y 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte. Las centrales sindicales, encabezadas por el Congreso del Trabajo, plantean incrementos de entre 15% y 18%, mientras la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) piden 12%. Del lado patronal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone limitar el ajuste a un rango de 9% a 9.9%, y la propia presidencia de la Conasami proyecta un aumento de al menos 10%.
La reducción de jornada a 46 horas semanales
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reduce la jornada laboral fue publicada en el DOF y entró en vigor el 1 de mayo de 2026. Sin embargo, estableció un periodo de transición: durante todo 2026 se mantiene el máximo histórico de 48 horas semanales.
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El primer recorte real ocurrirá el 1 de enero de 2027, cuando la jornada máxima baje a 46 horas semanales. A partir de ahí, el calendario oficial contempla una reducción de dos horas cada año: 44 horas en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, según confirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Si un trabajador mexicano sigue laborando 48 horas semanales después del 1 de enero de 2027, su empresa está incumpliendo la ley. La reforma a la Ley Federal del Trabajo establece de forma expresa que la reducción de la jornada no puede usarse como excusa para bajar sueldos ni prestaciones, por lo que el trabajador puede exigir el ajuste de horario sin perder ingresos y, de no cumplirse, denunciar ante la Profedet o la STPS.
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La ley es explícita en un punto central: en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Los límites diarios se mantienen sin cambios: ocho horas para la jornada diurna, siete para la nocturna y siete horas y media para la mixta.

Nuevas obligaciones para las empresas
A partir de 2027, todas las empresas deberán llevar un registro electrónico de la jornada laboral de sus trabajadores, que incluya horarios de inicio, término y periodos de descanso. El objetivo es que la STPS pueda verificar que no se excedan los nuevos límites legales.
El tope de horas extra se mantiene en nueve horas semanales durante 2026 y 2027, y aumentará gradualmente hasta llegar a 12 horas en 2030. Dentro de ese límite permitido, el trabajo extraordinario debe pagarse con un 100% adicional sobre el valor de la hora ordinaria.
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Qué hacer si no suben el salario mínimo
El primer paso es verificar el monto exacto que se recibe y compararlo con el salario mínimo oficial vigente desde el 1 de enero de 2027. El aumento debe reflejarse automáticamente en el siguiente pago, sin importar si la nómina es semanal, catorcenal, quincenal o mensual.
Si el ajuste no se aplica, el trabajador puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que ofrece asesoría, conciliación y representación legal de forma gratuita. El contacto puede hacerse a través de los teléfonos 800 911 7877 y 800 717 2942, o mediante la línea única 079 del Gobierno de México.
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También es posible denunciar a través del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) de la STPS, disponible en siqal.stps.gob.mx.
Para iniciar cualquiera de estos trámites conviene reunir identificación oficial, recibos de nómina o comprobantes de pago, el nombre completo del patrón o la razón social de la empresa, el domicilio del centro de trabajo y cualquier otra prueba disponible, como contratos o correos electrónicos.
Con esta información, un especialista de la Profedet analiza el caso y apoya al trabajador para presentar una queja formal ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), instancia que intenta llegar a un acuerdo con el patrón sin necesidad de juicio. Si el problema no se resuelve de forma conciliada, la Profedet asigna de manera gratuita un representante legal para presentar una demanda ante los tribunales laborales.
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Qué hacer si no respetan la jornada de 46 horas
Si el patrón no reduce la jornada cuando corresponde, obliga a trabajar más horas de las permitidas o no paga correctamente el tiempo extraordinario, el trabajador también puede solicitar asesoría gratuita en la Profedet, a través de los mismos teléfonos o del correo orientacionprofedet@stps.gob.mx.
De forma paralela, existe la opción de denunciar directamente ante la inspección federal del trabajo de la STPS, incluso de manera anónima, enviando un correo a inspeccionfederal@stps.gob.mx con el motivo de la denuncia, el nombre de la empresa y su dirección. Esto puede derivar en una inspección extraordinaria al centro de trabajo.
Antes de acudir a cualquiera de estas instancias, se recomienda conservar recibos de nómina, contratos, registros de entrada y salida, mensajes relacionados con turnos y cualquier otro documento que permita demostrar cuánto tiempo se trabajó realmente y cuánto se pagó por ello.
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Sanciones que enfrentan las empresas incumplidas

El artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo establece las multas aplicables a los patrones que no cumplan con sus obligaciones. Para quienes no apliquen el aumento al salario mínimo, la sanción va de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor actual de la UMA, fijado en 113.14 pesos, estas multas equivalen a un rango de entre 5,657 y 565,700 pesos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
El mismo artículo contempla multas de entre 50 y 1,500 UMA para los patrones que no cumplan con otras obligaciones relacionadas con las condiciones laborales. En el caso específico de no llevar el registro electrónico de la jornada que exige la reforma, la sanción prevista también va de 250 a 5,000 UMA por cada trabajador no registrado correctamente.
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Las empresas que incumplan tanto el ajuste salarial como la reducción de jornada pueden enfrentar inspecciones extraordinarias por parte de la STPS, que tiene la facultad de ordenar la corrección de las irregularidades detectadas una vez confirmado el incumplimiento.
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