Senado retira de su portal 10 años de información pública: Artículo 19 pide sanciones por opacidad en contratos y gastos

El Senado de la República eliminó de su portal de internet la información administrativa correspondiente al periodo 2014-2024, lo que incluye datos sobre el uso de 10 mil 200 millones de pesos de su ejercicio presupuestal, denunció la organización Artículo 19 México y Centroamérica.

En un comunicado, el colectivo indicó que en su lugar, la Cámara Álta colocó un aviso que remite a los usuarios a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para realizar cualquier búsqueda.

No obstante, Artículo 19 exige sanciones contra el Senado por esta decisión, la cual calificó como un acto contrario a la ley. ¿Qué ocurrió?

Senado justifica la eliminación

El Senado argumentó que la medida responde al cumplimiento del artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, la organización explicó que dicho artículo no establece que los portales de transparencia deban eliminar la información resguardada y transferirla al Portal de Transparencia.

El texto legal, según Artículo 19, indica que todo portal debe incluir, además de la información ya conservada, un vínculo de acceso directo a la PNT y un buscador. La norma señala que “la página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio [PNT] donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador”.

La PNT no tiene la función de reemplazar los portales de transparencia gubernamentales. Mientras la plataforma nacional es el medio donde la ciudadanía presenta solicitudes de información, impugnaciones y realiza búsquedas de datos públicos, el portal institucional es el espacio donde cada dependencia debe mantener actualizada toda la información que gestiona.

Eliminación de datos incumple obligación legal, acusa Artículo 19

Al borrar la información de 2014 a 2024, el Senado incumple su obligación legal de garantizar el acceso a datos públicos y de promover su máxima publicidad. La ley exige que la información publicada en los portales sea “veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable”.

Los datos eliminados cumplían con esos criterios y debían permanecer disponibles para consulta ciudadana. Artículo 19 sostuvo que la antigüedad de la información no condiciona su utilidad pública ni justifica su retiro.

Los Lineamientos Técnicos de la Actualización y Conservación de la Información, establecidos por Transparencia para el Pueblo, obligan a las autoridades a actualizar cada tres meses los datos de sus portales.

Entre la información que debe difundirse se encuentra la remuneración bruta y neta de todas las personas servidoras públicas, así como los programas, subsidios, estímulos y apoyos otorgados por la institución.

Estos datos deben conservarse, como mínimo, durante el ejercicio presupuestal en curso y los dos ejercicios anteriores.

En caso de contener información reservada o confidencial, la autoridad debe elaborar una versión pública con las partes clasificadas señaladas de forma genérica, fundada y motivada, sin eliminar el documento completo.

Senado tampoco publicó información de 2025 y 2026

Artículo 19 acusó que además de eliminar la década anterior, el Senado incumplió con la publicación de información correspondiente al periodo fiscal 2025-2026, por lo que su portal carecía de datos desglosados sobre contratos de licitaciones públicas, compras e inversiones, así como recursos entregados a las bancadas parlamentarias.

Tampoco se encontraban disponibles las nóminas completas ni el gasto mensual en salarios, materiales y servicios.

La falta de actualización constante impide realizar análisis comparativos, conocer cambios en la gestión administrativa e identificar tendencias en el manejo de recursos.

Indicó que este caso se suma a otras prácticas de opacidad documentadas recientemente en el Estado mexicano, entre ellas filtraciones derivadas de solicitudes de información, ausencia de autoridades en la PNT y un aumento en solicitudes desatendidas o incompletas.

La organización atribuyó este fenómeno a reformas de simplificación orgánica, de transparencia y del poder judicial que eliminaron al órgano garante autónomo del derecho de acceso a la información.

Antes de la reforma de 2025, cualquier queja ciudadana por incumplimiento en materia de transparencia se dirigía al INAI, organismo autónomo e independiente de la administración pública.

Artículo 19 afirmó que esa independencia era esencial para generar contrapesos frente a las arbitrariedades de instituciones y servidores públicos. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública establece que la autonomía del órgano garante es necesaria para el pleno ejercicio de sus funciones, mientras que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala que “es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública”.

Comentó que con el esquema actual, las autoridades garantes forman parte del propio gobierno. En el caso de la eliminación de datos del Senado, cualquier denuncia ciudadana sobre este hecho será remitida a la autoridad garante del propio Senado.

Exige sanciones y medidas de apremio contra el Senado

Artículo 19 exige que Transparencia para el Pueblo imponga las medidas de apremio y sanciones correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la ley.

La organización plantea que la información pública no puede eliminarse bajo el argumento de su antigüedad, pues la temporalidad de los datos no condiciona su publicación ni su consulta.