Tribunal confirma sanciones de Profepa contra empresa por obras irregulares en San Pancho, Nayarit: deberán demoler torres en zona de playa

Después de seis años de litigio, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó por unanimidad el amparo promovido por Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., y confirmó la validez de las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por afectaciones a la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar en San Pancho, Nayarit.

La resolución, emitida durante la sesión del 7 de octubre de 2026, obliga a la empresa a cumplir con las medidas determinadas por la autoridad ambiental, entre ellas la restitución al estado base de una superficie de 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, mediante la demolición de las obras construidas de manera irregular.

Además, Pacific Lifestyle Properties deberá cubrir una multa de 96 mil 220 pesos y se mantiene la pérdida de bienes en beneficio de la Nación respecto de las construcciones identificadas por la autoridad como “Edificio A denominado Torre 1” y “Edificio B denominado Torre 2”.

La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, calificó la resolución como una victoria para la comunidad de San Pancho y para la protección ambiental.

“Este fallo es una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental”, señaló la funcionaria, al destacar que la determinación permitirá avanzar en la recuperación de la superficie afectada y en la protección de bienes nacionales.

¿Por qué fue sancionada la empresa en San Pancho?

El origen del conflicto se remonta al 13 de agosto de 2009, cuando la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa un título de concesión sobre una superficie de 1,469.92 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre y/o terrenos ganados al mar.

La concesión establecía que el área debía mantenerse en estado natural. Posteriormente, mediante una resolución administrativa del 26 de marzo de 2014, se modificó el título para ampliar la superficie concesionada a 2,534.003 metros cuadrados, derivado de terrenos ganados al mar.

También se autorizó un cambio en el uso de la superficie para actividades de esparcimiento y embellecimiento del lugar, conocido como ornato, aunque la concesión no permitía destinarla a otros usos o aprovechamientos.

De acuerdo con la Profepa, la empresa ocupó ilegalmente 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar y construyó edificaciones en esa superficie.

La autoridad realizó una visita de inspección que comenzó el 1 de diciembre de 2021, tras la cual determinó la existencia de obras ejecutadas de manera irregular.

El procedimiento concluyó con una resolución administrativa emitida por la Profepa el 15 de agosto de 2022, mediante la cual se establecieron las sanciones y se ordenó reparar la afectación mediante la restitución de la zona a su estado base.

Empresa llevó el caso ante tribunales

Pacific Lifestyle Properties promovió un juicio de nulidad el 28 de septiembre de 2022 para impugnar la resolución ambiental.

El 6 de mayo de 2025, la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó reconocer la plena validez de la resolución emitida por la Profepa.

La empresa volvió a impugnar la determinación mediante un juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Finalmente, en la sesión del 7 de octubre de 2026, los magistrados resolvieron por unanimidad negar el amparo y la protección de la justicia federal.

Con esta decisión, quedaron confirmadas las actuaciones de la Profepa y las medidas establecidas para recuperar la superficie afectada en San Pancho, así como la protección de los bienes nacionales.

La Procuraduría informó que continuará con las acciones de vigilancia y cumplimiento de la legislación ambiental en obras y actividades que puedan afectar la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar, particularmente en la protección de los ecosistemas costeros y el patrimonio de la Nación.