“El Quetu” se queda en el Altiplano: un juez vincula a proceso al exalcalde de Juchitán señalado por nexos con el CJNG

Un juez de control vinculó a proceso este 29 de septiembre a Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la resolución tras concluir la audiencia y precisó que permanecerán en prisión preventiva en centros federales de reinserción social.

Ambos procesados son señalados por presuntos vínculos con Los Cromos, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en el Istmo de Tehuantepec.

Los dos imputados fueron capturados el 23 de septiembre de 2026 en el marco del Operativo Enjambre, con acciones coordinadas entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, con la participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

En estos penales quedaron internados El Quetu y La Parka

Según datos oficiales compartidos por la FGEO, durante la audiencia el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron acreditar ante la autoridad judicial la probable participación de ambos imputados en los hechos atribuidos. Con base en ello, el juez determinó su vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

“El Quetu” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que “La Parka” permanecerá en el Cefereso de Perote, Veracruz.

El fiscal Rodríguez Alamilla informó a través de su cuenta de X que la resolución permite “avanzar en los procesos de procuración de justicia al existir elementos que sustenten su probable participación en los delitos que se les atribuyen”.

Cabe señalar que la vinculación a proceso no implica que sean culpables. Se trata de una etapa procesal en la que el juez reconoce que existen indicios suficientes para continuar la investigación formal contra los imputados, quienes conservan su derecho a una defensa y a que se resuelva su situación jurídica conforme al debido proceso. Las autoridades no revelaron el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones apuntan a un posible encubrimiento desde el cargo público

De acuerdo con los trabajos de inteligencia criminal desarrollados por la FGEO, existen líneas de investigación sobre la posible participación de Sánchez Altamirano en actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, así como sobre sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”. Las primeras indagatorias establecen que, desde su posición como actor político y social, pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esta organización.

Las investigaciones identifican a “Los Cromos” como una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a la que se atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

La Fiscalía refrendó su compromiso de fortalecer las investigaciones mediante inteligencia criminal y coordinación interinstitucional para combatir la extorsión y desarticular las estructuras delictivas que afectan la seguridad del Istmo de Tehuantepec, “con estricto apego a la ley y respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, según el comunicado de la FGEO.

El vacío de “El Quetu” derivó en la desaparición de poderes en Juchitán

La detención de “El Quetu” dejó sin titular al Ayuntamiento de Juchitán, luego de que el suplente Mariano Rosado López no se presentara a asumir el cargo y días antes denunciara cateos en su domicilio. Ante ese vacío, el gobernador Salomón Jara Cruz instruyó al secretario de Gobierno estatal tramitar ante el Congreso local la desaparición formal del ayuntamiento.

El Congreso de Oaxaca aprobó la medida el 25 de septiembre con 35 votos a favor, en una sesión que se tornó confrontativa por las críticas de Movimiento Ciudadano hacia el gobierno estatal. La diputada Dulce Alejandra García Morlan cuestionó la falta de reacción previa del gobierno de Jara, pese a que el edil detenido participaba en las mesas de seguridad municipal, y señaló que Juchitán era el tercer municipio más grande del estado y el más violento.

El mismo 25 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal retiró el armamento completo de la Policía Municipal de Juchitán por falta de condiciones jurídicas para su resguardo. La corporación resguardó 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles, trasladados al Depósito General de Armamento en Santa María Coyotepec.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación, de acuerdo con lo informado previamente por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

La familia de “El Quetu” pidió investigar a “los verdaderos criminales” el día de su detención

El mismo 23 de septiembre, día de la captura, la esposa de Sánchez Altamirano, Reyna Alonso Carrasco, pidió en conferencia de prensa a la presidenta Sheinbaum que investigara a “los verdaderos criminales” responsables de la violencia en Juchitán. “Que se hagan las investigaciones correspondientes, que se aclare esta situación y que busque a los verdaderos criminales, a los responsables de esta situación en Juchitán, que los investiguen”, declaró.

Reyna Alonso reconoció que hubo omisiones desde el gobierno municipal para exigir la intervención de las autoridades estatales y federales contra la extorsión, y pidió protección al gobernador Salomón Jara Cruz para ella y su familia, sin haber recibido respuesta hasta ese momento.

Higinia Altamirano, madre del edil, denunció que la detención se realizó “con tanta brutalidad” y exigió al gobernador una explicación de los “atropellos” que presuntamente se hicieron con su hijo. Por su parte, Amable Altamirano, hermana de “El Quetu”, acusó al gobierno estatal de buscar un responsable político para la crisis de seguridad en la región y aseguró que la familia acompañará al edil “hasta el último momento” en su proceso legal.