Dos hombres amenazaban y llevaban a sus víctimas a casas de seguridad en el Edomex para pedir rescate: fueron sentenciados con hasta 105 años de cárcel

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de 105 y 25 años de prisión contra dos integrantes de una banda dedicada al secuestro en el Estado de México.

Los sentenciados, identificados como Javier Miguel Garzón y Esteban Cruz Gutiérrez, fueron detenidos en 2014, luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) acreditara su participación en el secuestro de al menos cuatro víctimas en distintos municipios mexiquenses. Un juez federal con sede en el Estado de México resolvió el caso, según informó la dependencia en un comunicado.

Condenas y sanciones económicas impuestas

La FGR informó que el juez federal condenó a Javier Miguel Garzón a 105 años de prisión y a Esteban Cruz Gutiérrez a 25 años, tras comprobarse su participación en el secuestro de víctimas en el Estado de México entre 2010 y 2012. Ambos deberán además reparar el daño causado.

Garzón recibió su pena por su responsabilidad penal en el secuestro de cuatro personas. Junto con la prisión, se le impuso una multa de 392 mil 609 pesos.

En el caso de Cruz Gutiérrez, la condena de 25 años corresponde al secuestro de una sola víctima. Su multa quedó fijada en 118 mil 160 pesos.

El juez federal ordenó, para ambos sentenciados, además de las penas de prisión y las multas, la reparación del daño a favor de las víctimas. La resolución llegó luego de un proceso judicial que se extendió por más de una década desde el ejercicio de la acción penal.

Cómo operaba la banda de secuestradores

Según el comunicado difundido por la FGR, el grupo criminal al que pertenecían Garzón y Cruz Gutiérrez operó entre 2010 y 2012 en los municipios de Tepetlaoxtoc, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz, todos ubicados en el Estado de México.

Las víctimas eran interceptadas de forma violenta con armas de fuego. Los captores las trasladaban después a casas de seguridad, donde permanecían en cautiverio mientras la organización exigía dinero a cambio de su liberación.

De acuerdo con los datos gubernamentales citados por la FGR, los hoy sentenciados y otras personas formaban parte de un grupo dedicado principalmente al secuestro en esa región del territorio mexiquense durante el período señalado.

La modalidad de operación se mantuvo estable durante los tres años que la investigación logró documentar, con los mismos municipios como punto de referencia para la captura y el cautiverio de las víctimas.

El proceso penal contra los acusados

El Ministerio Público ejerció acción penal contra Garzón y Cruz Gutiérrez en enero de 2014, luego de acreditar su participación en el secuestro de por lo menos cuatro víctimas. A partir de ese momento comenzó el proceso judicial que derivó en la sentencia condenatoria.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Personal de la FECOR aportó las pruebas que sustentaron la acusación en contra de ambos procesados. Ese material probatorio resultó determinante para acreditar la responsabilidad penal de Garzón y Cruz Gutiérrez en los distintos hechos de secuestro que se les atribuyeron durante la investigación.

Reclusión de los sentenciados

Tras la resolución judicial, Javier Miguel Garzón y Esteban Cruz Gutiérrez quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, conocido como CPS Durango, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango.

Ambos deberán cumplir sus respectivas condenas en ese centro penitenciario federal, además de hacer frente a la reparación del daño ordenada por la autoridad judicial en favor de las víctimas del secuestro.

Secuestro en el Edomex

El Estado de México registró, durante el primer trimestre de 2026, la tasa más alta de delitos de alto impacto entre las seis entidades más pobladas del país, con 281 casos por cada 100 mil habitantes, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, informó que este delito registró una reducción del 11.1% desde el inicio de la actual administración federal, en septiembre de 2024, según declaraciones citadas por Milenio.

El descenso forma parte de una caída sostenida en los delitos de alto impacto desde 2019, que en marzo de 2026 alcanzó una disminución del 68% respecto al punto máximo registrado en octubre de 2018, según el mismo Consejo Ciudadano.

Pese a esta tendencia general a la baja, el Estado de México mantuvo durante los primeros meses de 2026 el índice más alto de criminalidad entre las entidades con mayor población, superando a la Ciudad de México, que registró 261 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en el mismo período.