Grupos criminales que se hacen pasar por autoridades mexicanas obligan a tenderos a vender cigarros ilegales

Los pequeños comerciantes de México enfrentan una presión que va más allá del mercado: personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, algunas de las cuales se identifican como elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), estarían obligándolos a comercializar determinadas marcas de cigarros con posibles orígenes en el contrabando, la falsificación o la distribución irregular.

La práctica, documentada en los últimos años, se habría intensificado recientemente en algunos estados del norte del país. Las denuncias provienen tanto de pequeños comerciantes como de organizaciones empresariales.

ConComercioPequeño alertó desde enero de 2025 sobre tres estados del norte

En enero de 2025, la organización ConComercioPequeño denunció presiones contra establecimientos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para vender determinadas marcas de cigarrillos. El esquema era uniforme: llegar a las tiendas, dejar mercancía y advertir a los propietarios que debían venderla.

En algunos establecimientos, los comerciantes también recibían instrucciones de retirar o limitar la venta de productos legales. Quienes controlaban la distribución clandestina pasaban a decidir qué marcas permanecían en el anaquel.

Marcas del mercado formal pierden espacios de venta ante la mercancía impuesta

Empresas que operan dentro del mercado formal resultan perjudicadas por estas prácticas. Entre ellas figuran Marlboro, Pall Mall y Link, cuyos productos pueden perder espacios cuando los comerciantes son presionados para sustituirlos por mercancía impuesta.

A ese desplazamiento se suma el problema de la falsificación. En el mercado clandestino se han localizado cajetillas que ostentan nombres e imágenes de marcas reconocidas sin haber sido fabricadas ni distribuidas por las compañías propietarias. Que una cajetilla lleve impreso el nombre de una marca legítima no garantiza que sea un producto original.

Autoridades federales realizaron entre agosto y septiembre de 2026 decomisos de millones de cigarros irregulares o apócrifos en aeropuertos y aduanas mexicanas, algunos ocultos en cargamentos declarados como otro tipo de mercancía. Los aseguramientos confirman que no se trata de operaciones menores: las redes involucradas tienen capacidad para movilizar millones de unidades y distribuirlas posteriormente en el mercado nacional.

El tendero puede terminar sancionado por vender lo que le impusieron

Para los pequeños comerciantes, el problema tiene una dimensión adicional. Pueden ser obligados bajo amenazas a recibir mercancía que no solicitaron y, al mismo tiempo, quedar expuestos a sanciones si una autoridad encuentra productos irregulares en su establecimiento.

Un video muestra a personas que se identifican como elementos de la FGR llegando a una tienda y diciéndole al tendero qué marcas puede y no puede vender. En la grabación, los presuntos agentes revisan las cajetillas disponibles, retiran determinados productos y exhiben documentos con una relación de marcas que, según ellos, están autorizadas para su comercialización.

Los presuntos agentes también advierten al comerciante que, si en una segunda visita encuentran nuevamente los cigarros que consideran ilegales, podría enfrentar una multa superior a 200 mil pesos, la clausura del negocio, el decomiso de la mercancía y su puesta a disposición de las autoridades competentes.

Hasta el momento no se ha acreditado públicamente que quienes aparecen en la grabación sean efectivamente servidores públicos ni que el supuesto operativo haya sido ordenado por la FGR.

En la grabación se mencionan marcas como Económicos, Studio 54 y Río, entre otras. Algunas han sido vinculadas comercialmente con Sijara International Manufacturing, empresa que ha aparecido en investigaciones y denuncias previas relacionadas con presuntas irregularidades en la comercialización de productos del tabaco.

Organizaciones piden investigar toda la cadena, no solo las tiendas

Representantes del comercio en pequeño han insistido en que las investigaciones no deben limitarse a revisar los establecimientos. Es necesario identificar quién importa, almacena y distribuye los cigarros, quién controla los territorios y quién amenaza a los comerciantes para obligarlos a venderlos.

El riesgo también alcanza al consumidor. Los cigarros ilegales pueden comercializarse a precios muy inferiores a los productos formales, pero su procedencia, proceso de fabricación y cumplimiento de normas sanitarias son desconocidos.

En ese escenario quedan atrapados las empresas legales, los consumidores y, sobre todo, pequeños comerciantes que pueden terminar vendiendo bajo presión. Para ellos, elegir qué cigarros colocar detrás del mostrador ha dejado de ser una decisión comercial.