Nueva ley ambiental en México: Organizaciones exigen transparencia y mesas de trabajo públicas para discutir aprobación

Organizaciones civiles exigieron al Congreso de la Unión transparentar la discusión de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y abrir mesas públicas de diálogo antes de que las comisiones legislativas dictaminaran los cambios a la legislación ambiental.

En un pronunciamiento dirigido a legisladores y autoridades ambientales, los colectivos pidieron que el proceso incluyera un Parlamento Abierto amplio, con participación de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, especialistas, academia, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil.

Las agrupaciones advirtieron que la reforma definiría las reglas con las que México protegería su patrimonio natural y garantizaría el derecho a un medio ambiente sano durante las próximas décadas. Por ello, solicitaron que la discusión no quedara en sesiones informativas ni en exposiciones aisladas.

Los colectivos solicitaron mesas temáticas antes de aprobar cambios a la LGEEPA

Las organizaciones plantearon que el Congreso convocara mesas de trabajo temáticas para revisar los distintos componentes de la reforma. Entre ellos mencionaron la protección de ecosistemas y biodiversidad, el ordenamiento territorial, la prevención de la contaminación, la evaluación ambiental y la participación social.

La petición buscó que los espacios legislativos permitieran deliberar sobre el contenido de las iniciativas. Los colectivos señalaron que una reforma de esa dimensión requería intercambiar planteamientos, identificar riesgos y revisar los posibles efectos de cada modificación.

El comunicado sostuvo que el Parlamento Abierto debía ser previo a la dictaminación y aprobación de las reformas. Las organizaciones rechazaron que la urgencia legislativa sustituyera el análisis técnico, jurídico, ambiental y territorial de los cambios propuestos.

También demandaron que el proceso tuviera un calendario suficiente para que las personas participantes revisaran los documentos y prepararan observaciones. La exigencia incluyó la publicación oportuna de iniciativas, diagnósticos, estudios y propuestas de modificación.

Para las agrupaciones, el acceso a esos materiales era una condición para que las discusiones no se realizaran con información incompleta. El llamado se dirigió a las comisiones legislativas competentes y a las autoridades ambientales del Gobierno de México.

Exigieron informar qué propuestas fueron incorporadas al proceso legislativo

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la transparencia sobre las aportaciones recibidas. Las organizaciones solicitaron que el Congreso hiciera públicas las propuestas presentadas durante el Parlamento Abierto y detallara cuáles eran incorporadas a la discusión legislativa.

También pidieron que los legisladores explicaran las razones cuando decidieran no considerar una propuesta. La demanda apuntó a que la participación de comunidades, colectivos y especialistas tuviera seguimiento dentro del proceso de elaboración del dictamen.

Las agrupaciones señalaron que la transparencia proactiva permitiría conocer el destino de los planteamientos expuestos en las mesas de diálogo. Con ello, buscaron evitar que las consultas quedaran como actos de escucha sin efectos verificables en la redacción final de la ley.

El documento pidió que el Congreso escuchara a las comunidades y pueblos que enfrentaban de forma directa las consecuencias de la degradación ambiental. Las organizaciones los describieron como actores que cuidaban la naturaleza y que debían participar en la construcción de las nuevas reglas.

La solicitud incluyó a pueblos indígenas y afromexicanos, autoridades de los distintos órdenes de gobierno, sectores productivos, integrantes de la academia y personas expertas. Los colectivos consideraron que la pluralidad permitiría revisar coincidencias y desacuerdos antes de aprobar cualquier modificación.

Las organizaciones pidieron evitar retrocesos en derechos ambientales

El pronunciamiento estableció que la reforma debía regirse por el principio de progresividad. Las agrupaciones exigieron que los cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fortalecieran, y no debilitaran, la protección ambiental y los derechos humanos.

También solicitaron que las modificaciones fueran evaluadas según sus posibles efectos ambientales, sociales, económicos y territoriales. El planteamiento buscó que las decisiones legislativas tomaran en cuenta las consecuencias de las nuevas disposiciones antes de su aprobación.

Las organizaciones reconocieron que la actualización de la LGEEPA era necesaria frente a problemas ambientales que no existían o no tenían la misma dimensión cuando se construyó el marco vigente. Aun así, insistieron en que la necesidad de reformar la ley no justificaba un trámite acelerado.

El comunicado recordó que la reforma de 1996 tuvo cerca de 18 meses de discusión y construcción. Las agrupaciones señalaron que ese proceso permitió incorporar distintas perspectivas y fortalecer el marco jurídico ambiental.

A tres décadas de esa revisión, los colectivos plantearon que el Congreso tenía la posibilidad de abrir una discusión colectiva sobre la ley marco del sector ambiental. “No se trata de frenar una reforma. Por el contrario, se trata de hacerla bien”, señalaron.

Entre las organizaciones firmantes estuvieron CEMDA, Greenpeace México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Amigos de Sian Ka’an, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Wildlands Network Programa México.

Las agrupaciones manifestaron su disposición para participar en la elaboración de propuestas y solicitaron que las y los legisladores asumieran la discusión mediante mesas de diálogo, documentos públicos y mecanismos que permitieran conocer cómo se resolvieron las aportaciones recibidas.