Cómo una política de seguridad de AMLO alimentó la mayor red de huachicol fiscal en México, según experto

Cerrar los ductos de Pemex en 2019 redujo el robo de combustible por perforación de tuberías, pero abrió la puerta al mayor esquema de huachicol fiscal de la historia de México: los cárteles trasladaron su modelo de negocio hacia los puertos y las aduanas marítimas, aprovechando la misma infraestructura de almacenamiento y distribución que ya tenían construida.

Esa es la hipótesis central que el investigador Francisco José Barnés de Castro, exrector de la UNAM y exsubsecretario de Energía, desarrolló en un análisis publicado en la revista Energía a Debate.

La pérdida recaudatoria acumulada entre 2019 y mediados de 2026 supera los 730 mil millones de pesos, según estimaciones de Barnés de Castro construidas con datos oficiales de tres fuentes: la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la Secretaría de Energía y el Banco de México. Solo en 2025, la evasión del IVA y el IEPS por contrabando de diésel de Estados Unidos se estima en 29 mil millones de pesos.

El volumen total de combustible ilícito que entró al país en ese periodo asciende a aproximadamente 935 millones de barriles de gasolina y diésel combinados. Solo el contrabando de diésel proveniente de Estados Unidos acumula 141.5 millones de barriles en siete años y medio, equivalentes a 22,500 millones de litros, según los datos cruzados por Barnés de Castro.

Durante el gobierno de AMLO el contrabando fue 7 veces mayor que con Peña Nieto

La comparación por sexenio es el dato más contundente del análisis. Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre enero de 2007 y noviembre de 2012, México llegó a reportar más importaciones de diésel de las que Estados Unidos dice haber exportado, lo que arroja una diferencia negativa de 13.1 millones de barriles: sin contrabando detectable a gran escala.

Con Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, la diferencia entre lo que exportó Estados Unidos y lo que México registró como importación legal fue de 10.5 millones de barriles, equivalente al 2.6% del volumen exportado. Un contrabando presente pero marginal.

El quiebre ocurre con Andrés Manuel López Obrador. Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, la diferencia acumulada entre exportaciones estadounidenses e importaciones legales mexicanas ascendió a 112.5 millones de barriles, el 18.9% del volumen total exportado por Estados Unidos a México en ese periodo. Es decir, casi uno de cada cinco barriles de diésel que salió de Estados Unidos con destino a México no fue registrado como tal al entrar al país.

En el actual sexenio, entre octubre de 2024 y abril de 2026, el contrabando acumula ya 29 millones de barriles, con un porcentaje que escala al 22.8% del volumen exportado, el más alto registrado. Barnés de Castro atribuye ese dato no a una expansión del esquema sino a que los operativos de la actual administración aún no han logrado cerrar del todo las rutas activas.

En 2021, el año pico

La metodología de Barnés de Castro es directa: comparar mes a mes cuánto diésel exportó Estados Unidos a México con cuánto registró México como importación legal. Cuando la diferencia es notable y sostenida, la explicación es una sola: el excedente entró declarado como otro producto.

“Si las cifras son similares o hay pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo, puedes suponer que no hay contrabando o que el contrabando es mínimo”, explicó Barnés de Castro en una entrevista con Aristegui Noticias. “Cuando la diferencia es notable entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que importa México oficialmente, está claramente una diferencia de que está entrando diésel que fue exportado de Estados Unidos como diésel y que se importó a México bajo otro rubro diferente.”

Los datos anuales muestran la progresión con precisión: en 2019 entraron 12 millones de barriles de contrabando, en 2020 subieron a 23 millones y en 2021 llegaron al pico de 35 millones de barriles. Ese año, el huachicol fiscal representó el 32.4% del diésel importado de Estados Unidos y el 25% del consumo total de diésel en el país. Pemex importó el 40%, el sector privado legal otro 30%, y el resto lo introdujo el sector privado de manera ilícita.

“Estamos hablando de más de 140 millones de barriles solo de Estados Unidos, que es lo que puedo identificar aquí”, dijo Barnés de Castro a Carmen Aristegui.

El crimen organizado no tuvo que construir nada: la red ya existía

La hipótesis de Barnés de Castro sobre el origen del disparo del huachicol fiscal tiene una lógica operativa que los datos respaldan: cuando el gobierno federal cerró y militarizó los ductos de Pemex en 2019, el robo de infraestructura cayó, pero los cárteles no desaparecieron. Tenían bodegas, pipas, rutas de distribución y contactos en gasolineras. Solo necesitaban otra fuente de combustible barato.

“¿Qué ocurrió en ese hueco donde el crimen organizado se quedó sin material de trabajo? Pues se coludió, seguramente, con las autoridades necesarias para empezar el negocio del huachicol fiscal, porque es justo esos tres años cuando se dispara”.

La coincidencia temporal es la evidencia más contundente de su argumento: los años en que cae el robo de ductos son exactamente los años en que crece el contrabando marítimo. “Cuando hay ausencia de piquetes de ductos es cuando crece de manera impresionante el huachicol fiscal”, señaló el investigador en la misma entrevista.

La infraestructura reutilizada explica además la velocidad con que el esquema escaló. Armar desde cero una red capaz de mover 35 millones de barriles al año habría tomado años. Adaptarla a partir de una ya existente, con almacenes, transportistas y distribuidores conocidos, es otra historia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece identificado por Barnés de Castro como uno de los actores activos en ambas modalidades, tanto en el robo de ductos como en el huachicol fiscal posterior.

La misma estrategia que cerró los ductos transfirió el control de las aduanas marítimas a la Secretaría de Marina. Fueron precisamente mandos navales los que, según la FGR, terminaron facilitando el esquema: el excontralmirante Fernando Farías Laguna y su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fueron vinculados a proceso en agosto de 2026 por encabezar la red de contrabando que operó en los puertos de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

Los datos desmienten la versión de Morena sobre el origen del fenómeno

El análisis de Barnés de Castro choca de frente con la versión que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ofreció el 18 de agosto de 2026, cuando afirmó que el huachicol fiscal se originó en las políticas energéticas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Barnés de Castro lo refutó con un argumento que invierte la lógica del planteamiento: “No requieres permiso para contrabandear diésel. Todo lo contrario: estás contrabandeando para evitar usar el permiso y evitar pagar el IEPS y el IVA. El permiso te estorba. Evades usarlo e importas bajo otro producto que no requiere permiso de la Secretaría de Energía, porque lo estás declarando bajo otro nombre.”

Los números por sexenio son la refutación más directa: con Calderón no hay contrabando detectable, con Peña Nieto es marginal al 2.6%, y con López Obrador escala al 18.9%. La diferencia entre el sexenio de Peña Nieto y el de López Obrador, en términos de volumen de contrabando, es de 102 millones de barriles.

Las cifras de Barnés de Castro consideran únicamente el diésel proveniente de Estados Unidos. El contrabando que llega de Canadá y otros países no aparece en sus cuentas, advirtiendo que las cifras son una estimación conservadora: “Sabemos que hay una cantidad adicional de contrabando de diésel que está llegando de otras partes del mundo”.