El Gobierno de Michoacán busca otorgarle el perdón legal a Raúl Meza Abonce, joven que fue detenido durante las protestas por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), confirmó que se ha tenido el acercamiento por parte de los representantes de la parte jurídica del Gobierno Estatal para concretar el perdón y podría cerrarse la próxima semana.
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“Efectivamente se ha tenido el acercamiento por parte de los representantes de la parte jurídica del Gobierno del Estado, quienes están buscando la parte de otorgar el perdón a Raúl Meza. Se estaba trabajando durante esta semana. Esperamos que en la siguiente semana ya se tenga el acuerdo correspondiente”, explicó.
Esta decisión representa un giro en las acciones por parte del Gobierno Estatal, ya que el pasado 3 de agosto la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó ante un juez de control una adhesión a la acusación en la que pedía 12 años de prisión para Meza.

Además, pedía la suspensión de sus derechos políticos durante ese periodo y una reparación del daño que el documento fijó inicialmente en mil 370 millones de pesos —monto que podría actualizarse durante el juicio—.
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La próxima cita procesal de Meza está fijada para el 3 de septiembre, fecha en que se celebrará la audiencia intermedia para que un juez determine qué pruebas podrán incorporarse a un eventual juicio oral.
Antes de que esa etapa se concrete, los juzgadores deben resolver el recurso de amparo promovido por la defensa del activista, con el que busca frenar el procedimiento penal en su totalidad.
El abogado defensor, Carlos Escobedo, ha sostenido que la acusación es desproporcionada y que el caso se endureció porque Meza fue uno de los rostros más visibles de las movilizaciones. El Gobierno estatal, en cambio, argumentó en su adhesión a la acusación que los manifestantes utilizaron objetos incendiarios, ocasionaron daños a bienes públicos y pusieron en riesgo el patrimonio histórico del estado.
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El Protocolo de Estambul descartó tortura; los policías enfrentarán cargos por abuso de autoridad

El fiscal también detalló que la dependencia está obligada a agotar todas las líneas de investigación y a buscar la acreditación de responsabilidades, esto luego de que Raúl Meza fue acusado de delitos de sabotaje y daños materiales.
En paralelo al proceso contra Meza, el funcionario informó sobre el resultado de las diligencias seguidas contra los elementos policiales señalados de haberlo agredido durante su detención en noviembre de 2025.
Vega Rodríguez confirmó que se aplicaron los estudios correspondientes conforme al Protocolo de Estambul —el estándar internacional para documentar tortura y malos tratos— y que los resultados fueron negativos. “No se aprecia la parte de la tortura, por lo cual se va por lo que es un abuso de autoridad”, precisó.
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El encargado del despacho añadió que ya se iniciaron pláticas entre la víctima —Meza Abonce— y la corporación policial que llevó a cabo su detención. La Fiscalía se comprometió a seguir de cerca el desarrollo del proceso e informar con oportunidad.
La denuncia de agresiones durante la detención de Meza había circulado en videos en redes sociales. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán separó de sus funciones a dos elementos señalados por agredir al joven, mientras que Asuntos Internos abrió una investigación.
Quién es Raúl Meza Abonce y por qué fue detenido
Raúl Meza Abonce fue arrestado el 2 de noviembre de 2025, un día después del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido durante el tradicional Festival de Velas del Día de Muertos.
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Las protestas que siguieron al crimen derivaron en una movilización en Morelia en la que un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno. Meza ingresó al recinto, tomó una bandera y la ondeó desde uno de los balcones. La imagen se convirtió en uno de los momentos más representativos de aquellas jornadas y, según su defensa, también en el detonante de su persecución penal.
Fue el único detenido que permaneció en prisión tras los hechos, y el 27 de diciembre de 2025 recuperó su libertad gracias a una modificación de las medidas cautelares gestionada con la intervención del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, aunque el proceso penal continuó activo.
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