México rechaza nuevas facultades de militares de EEUU para detener migrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) amplió las facultades de las fuerzas armadas para detener a migrantes que ingresen sin autorización a las llamadas Áreas de Defensa Nacional (NDA), franjas de terreno cercanas a la frontera con México designadas como zonas militares cerradas a civiles. La medida se suma a una estrategia que, desde abril de 2025, ha derivado en miles de procesos judiciales y en un fuerte cuestionamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos.

¿Qué autoriza el nuevo dictamen?

De acuerdo con la opinión emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ, reportada por Univisión, La Opinión y CBS News, el personal militar puede arrestar a personas incluso si abandonan la zona restringida justo antes de ser aprehendidas. Los detenidos son entregados a autoridades civiles y procesados por el delito menor de violación a normas de seguridad militar y entrada no autorizada a propiedad militar, naval o de la Guardia Costera.

La disposición busca sortear la Ley Posse Comitatus, que en principio prohíbe a las fuerzas armadas estadounidenses ejercer labores de cumplimiento de la ley dentro del territorio nacional. El subprocurador general adjunto William Hyde argumentó que el uso de personal militar para arrestar a intrusos justo fuera de una zona de seguridad no violaría dicha ley, dado el propósito militar del poder de protección de un comandante. El propio CBS News precisó que el dictamen es de carácter administrativo y consultivo, sin sustento judicial ni valor de precedente legal.

Una estrategia que ya lleva más de un año

La primera NDA se creó en el sur de Nuevo México en abril de 2025, cuando el Departamento del Interior transfirió más de 400 millas cuadradas de terreno al Ejército, convertidas en extensión de la base Fort Huachuca. Desde entonces, el esquema se replicó en Arizona, California y Texas, hasta sumar seis zonas activas. Según la ACLU de Nuevo México, estas áreas ya cubren más del 40% del terreno fronterizo entre ambos países, incluidas 109,651 acres solo en territorio neomexicano.

El Pentágono colocó señalizaciones en inglés y español para advertir sobre el carácter restringido de estos terrenos, aunque defensores públicos y jueces federales han señalado que muchas veces los cruces ocurren lejos de cualquier letrero visible.

Miles de casos y jueces que rechazan los cargos

El impacto judicial ha sido considerable: un reporte de la ACLU de Nuevo México documentó que, en un año, los tribunales federales de ese estado recibieron más de 4,600 casos por “allanamiento” en zonas militarizadas, con un solo juez asignado a más de 400 expedientes en menos de un mes. En mayo de 2025, un magistrado federal desechó los cargos contra 98 migrantes al considerar que la fiscalía no probó que supieran que ingresaban a una zona restringida; desde entonces, decenas de casos similares han sido descartados por falta de pruebas, aunque otros han terminado en declaraciones de culpabilidad.

La organización también advirtió que la militarización deja a algunas comunidades prácticamente aisladas del acceso a terrenos públicos, y que incluso ciudadanos estadounidenses que caminan, cazan o trabajan cerca de la frontera podrían enfrentar cargos por entrar sin saberlo a una NDA.

Despliegue en la frontera

Actualmente, el Grupo de Trabajo Conjunto de la frontera sur —que agrupa a 8,000 de los más de 20,000 militares desplegados desde el inicio del segundo mandato de Trump— reportó 161 detenciones temporales bajo este esquema reciente, cifra que se suma a los cientos de arrestos acumulados desde 2025.

La postura de México

Cuando el gobierno estadounidense comenzó a designar estas zonas, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que existiera algún acuerdo bilateral al respecto. Reconoció el derecho de Estados Unidos a decidir sobre su propio territorio, pero subrayó que México también tiene derecho a manifestar su desacuerdo y ha insistido en que la migración es, ante todo, un fenómeno social que debe atenderse mediante cooperación para el desarrollo, no con medidas de corte militar.

El tema se enmarca en un contexto binacional donde el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que, entre enero de 2025 y agosto de 2026, se han registrado 271,193 mexicanos repatriados, mientras el gobierno mexicano mantiene un despliegue de más de 5,000 elementos para la atención humanitaria de personas migrantes en territorio nacional.

• Seis Áreas de Defensa Nacional activas en cuatro estados fronterizos.
• Más del 40% del terreno fronterizo bajo control militar, según la ACLU.
• 4,600 casos judiciales acumulados solo en Nuevo México en un año.
• 161 detenciones bajo el esquema más reciente, según el Pentágono.
• El dictamen del DOJ no tiene respaldo judicial, solo administrativo.