Transportistas alertan sobre retenes ilegales y violencia en Veracruz por parte de autoridades

Veracruz ocupó el quinto lugar nacional en violencia contra el transporte de carga y concentró buena parte de los casos denunciados, de los cuales destaca el robo de dos vehículos —uno en Las Vigas y otro en la carretera hacia Tehuacán— y el asesinato de un operador en las inmediaciones de Acayucan.

David Estévez Gamboa, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (ANTAC), señaló el jueves 13 de agosto que detrás de esos hechos operaron retenes ilegales instalados por autoridades para extorsionar, robar y hacer desaparecer a operadores de carga. Esto bajo un contexto de incumplimiento de acuerdos que la organización firmó con el Gobierno federal en noviembre de 2025.

La ANTAC advirtió que, si el Gobierno federal no ofreció respuestas concretas, ejecutaría un paro carretero nacional durante septiembre. Estévez Gamboa precisó que las acciones serían distintas a las del año anterior: más prolongadas y con afectaciones de mayor alcance en la cadena de suministro del país.

ANTAC denuncia extorsiones en retenes de Veracruz

El dirigente explicó que los elementos que operan los retenes revisan la documentación de los tractocamiones y después inspeccionan los números de serie o chasis de las unidades. Ante esa revisión, señalan supuestas irregularidades para exigir pagos que, según Estévez Gamboa, alcanzan hasta 80 mil pesos.

“Ahí es donde ellos dicen que son números remarcados, obviamente para la extorsión”, declaró el presidente de la ANTAC. El dirigente añadió que esos elementos actúan en complicidad con servicios de grúas que operan en las mismas zonas.

La organización contabilizó 20 operadores desaparecidos solo durante enero de 2026. Estévez Gamboa subrayó que este tipo de ilícitos ha crecido de forma sostenida en los últimos meses, sin que las autoridades hayan frenado la tendencia.

El dirigente reconoció que los robos al transporte bajaron alrededor del 10% respecto a periodos anteriores, cuando se registraban entre 40 y 50 asaltos diarios a nivel nacional. Sin embargo, advirtió que esa reducción no compensa el aumento en las extorsiones atribuidas a elementos del orden público.

Acuerdos con el Gobierno federal pendientes desde noviembre de 2025

La ANTAC firmó compromisos con el Gobierno federal en noviembre de 2025 para mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras del país. Estévez Gamboa calificó el cumplimiento de esos acuerdos como “a cuentagotas” y señaló que temas como los paradores seguros siguen sin resolverse.

Entre las propuestas pendientes está la creación de fiscalías especializadas en delitos contra el transporte. La ANTAC argumenta que muchos operadores no denuncian los ilícitos porque enfrentan obstáculos burocráticos al acudir ante las autoridades.

El dirigente también propuso la instalación de arcos de vigilancia y equipos de videovigilancia vinculados con los sistemas C4 y C5 de las policías estatales. Esa medida, dijo, permitiría un monitoreo más efectivo de las rutas de mayor riesgo.

Otro tema pendiente es una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar la carga fiscal que representa el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel. La ANTAC considera que ese gravamen agrava la situación económica del sector.

Paro carretero nacional en septiembre: alcances y advertencias

Ante la falta de avances, transportistas y agricultores analizan movilizaciones para septiembre. Estévez Gamboa anticipó que, de no concretarse respuestas del Gobierno federal, las acciones incluirían bloqueos y un paro nacional de varios días.

El dirigente precisó que las protestas planeadas serán distintas a las del año anterior, con mayor duración y afectaciones más amplias. La organización ya mantiene comunicación con organismos del sector empresarial para evaluar las consecuencias de una suspensión nacional del transporte.

Hasta el 13 de agosto, la ANTAC no había definido una fecha exacta de inicio para las movilizaciones. Estévez Gamboa adelantó que las próximas semanas serán determinantes para concretar el calendario de acciones.

La organización sostiene que las medidas de presión son una respuesta directa a la inacción del Gobierno frente a robos, asesinatos, desapariciones y extorsiones que afectan al transporte de carga en todo el país. La ANTAC exige que los compromisos pactados se cumplan de forma íntegra y en plazos definidos.

La situación en Veracruz concentra la mayor parte de las denuncias, aunque el fenómeno de los retenes ilegales se registra en diversas entidades del país. La organización advierte que la inacción tiene un costo directo sobre la cadena de suministro nacional y sobre la vida de los operadores.