Suprema Corte e INE buscan fortalecer participación indígena en elecciones con intérpretes de lenguas

El acceso pleno a los derechos político-electorales para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en México enfrenta barreras históricas, lingüísticas y culturales que limitan su participación en los procesos democráticos. La diversidad lingüística del país, con 68 agrupaciones y 364 variantes, representa un desafío para garantizar que todas las personas comprendan y ejerzan sus derechos en su propia lengua.

Ante este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmó el Convenio Marco de Colaboración “Por la defensa y promoción de los derechos electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas” con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) con el objetivo central de fortalecer mecanismos que permitan a los pueblos indígenas y afromexicanos ejercer sus derechos y acceder a la justicia electoral en su propia lengua.

Intérpretes certificados y materiales en lenguas indígenas: el eje del convenio

El convenio firmado establece la creación de una capacidad institucional permanente para la formación, certificación y participación de personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas. Durante la firma del convenio, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó: “Derecho que no se entiende, no se ejerce, ni puede hacerse realidad. Por eso estamos trabajando, en traducir normas y textos, para que los justiciables puedan acceder a los contenidos en sus lenguas”. Esta iniciativa busca eliminar la improvisación y asegurar que la asistencia de intérpretes no dependa de circunstancias particulares.

El INE ya cuenta con un grupo especializado de traductores-intérpretes desde la Secretaría Ejecutiva, con dominio de al menos ocho lenguas indígenas, con lo cual busca sumarse a los esfuerzos por garantizar los derechos de comunidades indígenas. Por su parte, el INALI aportará su experiencia en formación y certificación, mientras que el INPI facilitará la vinculación con las comunidades y el Tribunal Electoral ofrecerá servicios de asesoría y representación. La Suprema Corte y la Escuela Nacional de Formación Judicial contribuirán con capacitación y coordinación.

La dimensión del reto es amplia: 23.2 millones de personas se reconocen como indígenas en México, más de 7 millones hablan alguna lengua indígena y cerca de 11 millones viven en hogares indígenas. La diversidad lingüística abarca once familias lingüísticas en el país.

Compromiso con la diversidad y la inclusión en las elecciones

La consejera del INE, Frida Denisse Gómez Puga, señaló durante la firma del acuerdo: “Se busca que la asistencia de una persona intérprete no dependa de una solución improvisada o de las circunstancias particulares de cada asunto. Se busca construir una capacidad institucional permanente, que pueda activarse cuando una persona la necesite para ejercer sus derechos”. Esta coordinación interinstitucional permitirá desarrollar materiales, campañas y contenidos en lenguas indígenas sobre derechos político-electorales y educación cívica.

El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que la firma del convenio se enmarca en la implementación del nuevo artículo segundo constitucional. Se están realizando 82 Asambleas Regionales como parte de la consulta nacional para robustecer la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra subrayó la importancia de considerar las circunstancias particulares de las mujeres indígenas y afrodescendientes en el ejercicio de sus derechos. “Aquí, en la Corte, estamos para respaldarlas en ese proceso”, expresó.

Formación, resultados medibles y proyección a futuro

La alianza contempla la preparación desde ahora para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y los procesos locales concurrentes. El periodo de vigencia del convenio, hasta septiembre de 2030, permitirá consolidar estos mecanismos como parte de la estructura institucional.

El ministro Irving Espinosa Betanzo afirmó: “Una justicia que no entiende el contexto social es una justicia que falla. Por eso, este Convenio no solo es papel, es un compromiso para derribar las barreras históricas, lingüísticas y culturales”.

El INE estableció que el impacto de esta alianza deberá reflejarse en resultados concretos: más intérpretes y traductores acreditados, materiales disponibles en distintas lenguas, personal mejor capacitado y atención institucional comprensible. El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía reiteró: “La firma del Convenio conlleva un compromiso de trabajo coordinado para que las personas que conforman los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ejerzan de manera plena sus derechos político-electorales”.

Con esta iniciativa, las instituciones firmantes buscan que ninguna persona encuentre en su lengua una barrera para ejercer y defender sus derechos dentro del sistema democrático mexicano.