Revelan irregularidades en peritajes tras muerte de una joven en SLP: hijo de funcionarios públicos sería el presunto responsable

Familiares de Lizbeth Castro Dávalos, joven que murió en un accidente vehicular ocurrido en San Luis Potosí, denunciaron presuntas irregularidades en los peritajes y en la actuación de las autoridades que atendieron el siniestro. Entre las anomalías señaladas se encuentra la supuesta omisión del nombre de la persona que conducía la camioneta.

De acuerdo con información de El Sol de San Luis, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó que Raúl “N” está señalado como imputado dentro de la investigación por la muerte de la joven. Sin embargo, la institución aclaró que el expediente continúa en integración y que hasta el momento no se ha determinado una responsabilidad penal.

El joven señalado es hijo de la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Leticia Vázquez Hernández, y del regidor del Ayuntamiento de Cerritos, Raúl Reyes Tapia. Debido al parentesco del imputado con ambos funcionarios públicos, la familia de la víctima ha solicitado que las diligencias se realicen con transparencia y sin privilegios.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió Lizbeth Castro?

El accidente ocurrió el domingo 2 de agosto de 2026 en la carretera libre Villa Juárez-Cerritos, cuando una camioneta Toyota Tacoma, en la que viajaban cuatro jóvenes, salió del camino después de que el conductor presuntamente perdió el control sobre el pavimento mojado.

Lizbeth Castro Dávalos, quien viajaba en la unidad, salió proyectada durante el percance y perdió la vida. Otras personas que se encontraban en el vehículo resultaron lesionadas.

El padre de la víctima, Edgar Israel Castro Dávalos, sostuvo que la camioneta era conducida por Raúl “N”. También aseguró que el joven presuntamente manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, señalamientos que deberán ser comprobados o descartados por la investigación ministerial.

La familia también ha rechazado que el caso sea tratado únicamente como un accidente fortuito. Su exigencia es que la Fiscalía esclarezca las condiciones en las que era conducida la camioneta, identifique plenamente a la persona que estaba al volante y determine si existió una conducta imprudente que provocó la muerte de Lizbeth.

Denuncian irregularidades en los peritajes

Una de las principales inconformidades de la familia se relaciona con el trabajo de los primeros respondientes y de los peritos que acudieron al lugar. Según el padre de Lizbeth, en las diligencias iniciales no habría quedado asentado el nombre de la persona que conducía la camioneta.

Los familiares consideran que esta omisión resulta relevante debido a que la identidad del conductor es un elemento fundamental para determinar responsabilidades. También cuestionaron que las autoridades podían conocer al propietario del vehículo mediante el número de placas y los registros correspondientes.

Otra de las presuntas irregularidades denunciadas es que Raúl “N” no habría quedado bajo custodia después del accidente. El padre de Lizbeth aseguró que el joven fue trasladado a una unidad médica, pero posteriormente habría salido del lugar sin que presuntamente se le practicaran los exámenes necesarios para establecer si había consumido alcohol.

La familia señaló que los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Villa Juárez, en su calidad de primeros respondientes, debieron mantener vigilado al supuesto conductor y garantizar la realización de las pruebas contempladas en el protocolo.

Asimismo, cuestionó la atención médica brindada a Lizbeth, el tiempo transcurrido antes de su valoración y las circunstancias por las que no habría sido trasladada inmediatamente a un hospital.

Estas acusaciones forman parte de los señalamientos hechos por la familia y todavía deben ser investigadas. La Fiscalía será la encargada de establecer si existieron omisiones, alteraciones o fallas en la integración de los peritajes.

Fiscalía de SLP confirma que Raúl “N” está imputado

La fiscal general de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, explicó que la institución tuvo conocimiento de los hechos después de recibir un Informe Policial Homologado (IPH) en el que el joven fue puesto a disposición sin estar detenido.

A partir de ese documento, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y reconoció a Raúl “N” como imputado. Esta condición significa que existe una investigación en su contra, pero no representa una declaración de culpabilidad.

La dependencia deberá analizar los peritajes de tránsito terrestre, testimonios, registros médicos, condiciones de la carretera y demás elementos incorporados al expediente. Será con base en esas pruebas como se determine quién conducía la camioneta, qué provocó la salida del camino y si existe algún delito que perseguir.

La Fiscalía tampoco confirmó las versiones sobre una supuesta salida del país de Raúl “N” y señaló que, hasta ahora, no cuenta con información que permita sostener ese señalamiento.

Familiares protestan y exigen una correcta investigación

Tras la muerte de Lizbeth, familiares, amistades y habitantes de Cerritos realizaron protestas para exigir justicia. Primero se manifestaron en la caseta del municipio y posteriormente tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal de Cerritos.

Los manifestantes pidieron revisar los peritajes, esclarecer la actuación de los policías y determinar si se utilizó una ambulancia municipal para auxiliar o retirar del lugar al hijo de los funcionarios. También exigieron garantías de seguridad ante posibles actos de intimidación.

Además, solicitaron la destitución del regidor Raúl Reyes Tapia, padre del imputado, al considerar que su posición podría generar un conflicto de interés. No obstante, hasta ahora no se ha acreditado judicialmente que él o la diputada hayan intervenido en la investigación.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, pidió no politizar el caso y dejar que la Fiscalía determine si existió algún delito. La legisladora manifestó su solidaridad con la familia y sostuvo que cualquier posible irregularidad deberá ser investigada por las autoridades competentes.

El caso continúa abierto. La responsabilidad de Raúl “N”, así como las presuntas anomalías denunciadas por la familia de Lizbeth Castro Dávalos, dependerán de los resultados de los peritajes y de las determinaciones que adopte la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.