
Desde febrero de 2023,el modelo de megacárcel impulsado por Nayib Bukele en El Salvador se consolidó como referente de política criminal en América Latina, a fin combatir la crisis de violencia y el crimen organizado que yace en la región.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), situado en Tecoluca y con capacidad para 40 mil personas, fue construido en solo siete meses tras una matanza de 86 víctimas atribuida a pandillas. Según InSight Crime, la apertura del CECOT y la declaración de un estado de emergencia inspiraron al menos 16 proyectos similares en 10 países latinoamericanos, reflejando la rápida expansión de este enfoque punitivo.
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Desde entonces, el gobierno salvadoreño promovió la apertura del CECOT con videos de alta producción: presos tatuados y sin camisa entrando en fila a enormes bloques de celdas, guardias fuertemente armados y tomas aéreas de sus instalaciones. Esas imágenes circularon masivamente en redes sociales y se convirtieron en la carta de presentación del modelo ante el resto del continente.
El CECOT y el estado de emergencia que lo hizo posible
El estado de emergencia decretado por Bukele en marzo de 2022 se renovó durante 52 meses consecutivos. La medida flexibilizó las reglas de detención y permitió arrestar a decenas de miles de presuntos miembros de pandillas y colaboradores.
Entre el CECOT y otros centros penitenciarios, el gobierno salvadoreño encarceló a casi el dos por ciento de la población del país. Las organizaciones de derechos humanos documentaron detenciones arbitrarias, torturas y negación de acceso a defensa legal como consecuencias del régimen de excepción.
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Las condiciones dentro del CECOT son extremas: los internos no tienen contacto con familiares ni con el exterior, permanecen en celdas sin ventanas y enfrentan confinamiento solitario ante cualquier infracción. En juicios masivos de cientos de presos a la vez, los tribunales emitieron condenas colectivas de cientos o incluso miles de años.
Ese modelo de reclusión total debilitó a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18, dos pandillas que dominaron El Salvador durante décadas y que ningún gobierno anterior había logrado contener de forma sostenida.
Los 16 proyectos en 10 países: qué se construyó y qué quedó en promesa
InSight Crime identificó 16 megacárceles propuestas en 10 países desde la apertura del CECOT en 2023. Varios de esos proyectos no superaron la fase de anuncio o quedaron detenidos en etapas tempranas de construcción.
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El plan de Honduras para construir una prisión con capacidad para 20 mil personas en las Islas del Cisne, en el Caribe, fue bloqueado por razones de protección ambiental. Una propuesta en Perú para una instalación en Ananea, Puno, con capacidad para 30 mil presos, nunca llegó a aprobarse.
Ecuador es el país que más avanzó después de El Salvador. El presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno en enero de 2024 tras una escalada de violencia vinculada al aumento del tráfico de cocaína. Al anunciar sus planes carcelarios, Noboa declaró: “Para todos los amantes de Bukele, esta prisión será exactamente igual”.
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El Centro de Detención N.° 1 de Santa Elena, conocido como “El Encuentro”, ya está en funcionamiento en la provincia de Santa Elena, en el occidente de Ecuador. En noviembre de 2025, Noboa anunció una segunda instalación para 15 mil presos, aunque sin detalles adicionales sobre su avance.
Paraguay también cuenta con una megacárcel operativa: el Centro de Reinserción Social Minga Guazú, en Alto Paraná, con capacidad para poco más de mil 300 presos de alta seguridad. Las transferencias masivas de internos comenzaron en agosto de 2025, aunque su escala es muy inferior a la del CECOT.
En Argentina, la construcción del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP), apodado “El Infierno”, avanza en las afueras de Rosario, la tercera ciudad del país y epicentro del narcotráfico argentino. Colombia suma otro capítulo: el presidente Abelardo de la Espriella prometió durante su campaña la construcción de 10 nuevas megacárceles durante su mandato.
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Por qué el modelo CECOT no garantiza los mismos resultados
InSight Crime advierte que la mayoría de los proyectos regionales funcionan más como señales políticas que como cambios reales de política criminal. Ninguno de los países que intentó replicar el modelo de Bukele logró resultados equivalentes hasta la fecha.
La historia del crimen organizado en América Latina muestra que el encarcelamiento masivo no reduce la violencia por sí solo. Las prisiones hacinadas y con recursos insuficientes se convirtieron históricamente en espacios de reclutamiento y organización criminal.

El Tren de Aragua se formó en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y en pocos años se transformó en uno de los grupos criminales más temidos del continente. En Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho también nacieron detrás de las rejas. En Ecuador, los Choneros, los Lobos y los Tiguerones siguieron el mismo patrón.
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En el propio El Salvador, las pandillas controlaron durante años las prisiones que ocupaban y las usaron como centros de coordinación, reclutamiento y expansión. El CECOT rompió ese ciclo mediante el aislamiento total y la reclusión de por vida, condiciones que los propios organismos internacionales califican como violaciones a los derechos humanos.
Replicar esas condiciones enfrenta obstáculos concretos en el resto de la región: resistencia política, movilización ciudadana y restricciones presupuestarias. En Panamá, la pobreza alimenta el crecimiento de las pandillas. En Costa Rica, el narcotráfico se afianzó a través de la vulnerabilidad portuaria. En Guatemala, la corrupción sistémica neutraliza los esfuerzos de seguridad.
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La producción y el tráfico de cocaína desde Colombia y Perú, con Ecuador como corredor, sostienen la competencia criminal en toda la región. Las megacárceles, concluye InSight Crime, abordan los síntomas del crimen organizado, no sus causas estructurales.
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