Guerrero enfrenta la mayor injerencia del crimen organizado en elecciones, alerta exsecretario del INE

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE durante casi 15 años, aseguró que Guerrero es uno de los estados con la injerencia más grave del crimen organizado en la vida pública del país, ya que existen zonas donde los grupos delictivos sustituyen al Estado y gestionan trámites públicos en beneficio propio.

Durante su participación ante el Grupo ACA en Acapulco, el exfuncionario señaló que la operación criminal va más allá de la violencia electoral. Mencionó que la injerencia incluye el control administrativo y territorial ejercido por estas organizaciones en varias regiones de Guerrero.

Como ejemplo de la gravedad, Jacobo Molina recordó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, ocurrido a los pocos días de haber asumido el cargo en octubre de 2024. El crimen, según Molina, ilustra cómo la presión delictiva puede terminar en la eliminación de figuras públicas o el abandono de candidaturas.

El exsecretario identificó un corredor específico con mayor presencia criminal: Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Tlapa. Explicó que desde hace tiempo existen narraciones y testimonios sobre el dominio territorial y administrativo que ejercen los grupos delictivos en esa franja del estado.

La advertencia de Jacobo Molina apunta a que la injerencia delictiva ya no es excepcional en Guerrero, sino una constante que afecta tanto la administración pública como los procesos electorales. Las consecuencias se reflejan en la inseguridad, la pérdida de vidas y la distorsión de la voluntad ciudadana.

Dinero ilícito en elecciones desde 2021, según Jacobo Molina

El ex secretario ejecutivo del INE afirmó que desde los comicios de 2021 existe evidencia de que recursos presuntamente del crimen organizado entraron a los procesos electorales del país. Al preguntarle en qué consiste esa evidencia, respondió que está en los propios resultados: “Hay ciertos saltos que no se explican sino es por una injerencia extraelectoral”.

Mencionó que en las elecciones de ese año en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco se registraron márgenes de victoria de 7, 8 o 9 puntos porcentuales donde se esperaban diferencias de solo 3 o 4. “Esas diferencias se explican, en muchas ocasiones, por la actuación de agentes que pudieran ser del crimen organizado, que inhibieron ciertas conductas o incidieron en determinados lugares para inhibir al electorado o propiciar, con amenazas, que se inclinara por tal o cual candidato”, explicó.

La advertencia llega en un momento en que el INE trabaja en la instalación de su nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, creada a partir de una reforma constitucional aprobada en abril de 2026. El Consejo General del organismo votó el 30 de julio la integración de esa comisión, conformada por tres consejeros.

La propuesta de Jacobo Molina: sancionar a los partidos, no solo a los candidatos

Ante la pregunta sobre cómo enfrentar el problema, el ex funcionario planteó que la responsabilidad debe recaer en el partido político que postule a un candidato con vínculos con el crimen organizado. Su propuesta es que la sanción no solo afecte a la persona sino también a la fuerza política, hasta el punto de que esta pierda su registro.

Calificó como “asunto delicado” las nuevas atribuciones del INE para verificar que no haya filtraciones del crimen en las contiendas. La posición refleja una tensión reconocida por analistas: el INE no tiene facultades para negar el registro de una candidatura por sospechas, sino solo para emitir una alerta al partido solicitante.

Jacobo Molina también dirigió una crítica al proceso interno que lleva a cabo Morena en 17 estados para elegir a sus coordinadores en Defensa de la Transformación. Calificó esos procesos como “campañas adelantadas” y sostuvo que deben ser sancionadas, incluso con la pérdida del registro de la candidatura correspondiente. Extendió la misma advertencia al PRI, al considerar que la figura de “defensores de México” que impulsa ese partido incurrirá en actos anticipados de campaña.