Condenan a 11 huachicoleros a casi 30 años de prisión en Hidalgo

La Fiscalía General de la República obtuvo sentencias de hasta 29 años y seis meses de prisión contra 11 personas que construyeron un túnel para robar gasolina y diésel del poliducto Tula-Salamanca en Tlaxcoapan, Hidalgo, según informó la FGR.

La operación fue desarticulada en marzo de 2023 tras un cateo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE).

Los sentenciados enfrentaban cargos por sustracción ilícita de petrolífero de ducto, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego. La operación fue desarticulada en marzo de 2023 tras un cateo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE).

Un juez federal condenó a los 11 acusados luego de que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó las pruebas durante el proceso. Las penas varían según los delitos acreditados a cada sentenciado y van acompañadas de multas económicas.

Penas diferenciadas según los cargos

José Emanuel Arceo Vargas recibió la condena más severa: 29 años y seis meses de prisión, además del pago de $2,220,678 pesos. El juez le acreditó los delitos de sustracción ilícita de petrolífero de ducto, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las penas varían según los delitos acreditados a cada sentenciado y van acompañadas de multas económicas.

Otros nueve sentenciados, Alejandro Jiménez Ruiz, Ángel Francisco Ortíz García, Saúl Vargas Rueda, Fidel García Gutiérrez, Gerardo Ledezma Ramírez, Isaac Emmanuel Villafuerte Ruíz, Agustín Calderón Mota, Jesús Lagunes Hernández y Christian Geovanni Villafuerte Ruiz, recibieron 25 años y seis meses de prisión y el pago de $2,208,947 pesos cada uno.

A este grupo se le acreditaron los delitos de sustracción ilícita de petrolífero de ducto y delitos contra la salud, sin el cargo de portación de arma.

Ricardo Hermenegildo Contreras fue el único sentenciado con una pena distinta: cuatro años de prisión y el pago de $12,552 pesos, exclusivamente por el delito contra la salud.

Un túnel para conectar una manguera al ducto de Pemex

Las pruebas presentadas por la FEMDO ante el juez federal revelaron el método que empleaba el grupo para extraer el combustible sin ser detectado de inmediato.

Desde ese pasaje subterráneo tendieron una manguera que conectaron directamente al poliducto Tula-Salamanca, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), para extraer gasolina y diésel.

Los sentenciados construyeron un túnel al interior de un inmueble en el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo. Desde ese pasaje subterráneo tendieron una manguera que conectaron directamente al poliducto Tula-Salamanca, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), para extraer gasolina y diésel.

Al momento de la detención, el grupo ya había sustraído 204,500 litros de petrolífero. La magnitud del volumen robado da cuenta de una operación que no era reciente ni improvisada.

El cateo que derivó en la detención

En marzo de 2023, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE) ejecutó un cateo en el domicilio donde operaba la red. Los agentes sorprendieron a los ahora sentenciados en el inmueble donde habían instalado la infraestructura de extracción.

Además del combustible ya sustraído, las autoridades aseguraron un arsenal de bienes:

21 vehículos, dos inmuebles, dinero en efectivo, dosis de cannabis y metanfetamina y un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La presencia de drogas y armamento militar derivó en los cargos adicionales por delitos contra la salud y posesión de arma prohibida, que elevaron de forma considerable las penas para diez de los once sentenciados.

La FEMDO, pieza central del proceso

La acusación estuvo a cargo del agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la FEMDO, unidad de la FGR especializada en delincuencia organizada.

Fue la FEMDO quien integró el expediente con las pruebas que el juez federal consideró suficientes para dictar sentencia condenatoria contra los 11 acusados. La fiscalía especializada acreditó tanto los hechos del cateo de 2023 como el volumen de combustible sustraído y la infraestructura empleada para el robo.

El proceso concluyó en la audiencia de individualización de sanciones, instancia en la que el juez fijó también los montos de las multas económicas para cada sentenciado.