Organizaciones de Quintana Roo reclaman a Semarnat nombramiento de funcionario ligado a polémica del sargazo

Organizaciones civiles y colectivos ambientales de Quintana Roo manifestaron su inconformidad por la incorporación de Alfredo Arellano Guillermo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde fue designado director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.

La asociación Más Selva A.C., cooperativas turísticas de Akumal, habitantes y defensores ambientales de Chemuyil, así como hoteleros, prestadores de servicios y agrupaciones sociales de Tulum, cuestionaron que el exfuncionario estatal recibiera el nombramiento pese a que, según denunciaron, siguen sin aclararse diversos señalamientos relacionados con los recursos destinados al combate del sargazo.

Arellano Guillermo estuvo al frente de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo durante la administración de Carlos Joaquín González. Posteriormente fue incorporado a la administración federal encabezada en el sector ambiental por Alicia Bárcena.

Para los inconformes, su llegada a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros representa un “premio político”, debido a que esta área tiene bajo su responsabilidad asuntos relacionados con la delimitación, administración y ordenamiento de playas, zonas costeras y terrenos ganados al mar en todo México.

Cuestionan el destino de los recursos contra el sargazo

Más Selva A.C. indicó que participó en reuniones en las que se plantearon dudas sobre el manejo y destino final del dinero público empleado para enfrentar la crisis del sargazo. De acuerdo con la organización, los recursos acumulados durante aproximadamente ocho años superarían los 500 millones de pesos.

La información recopilada por los colectivos señala que en 2018 Quintana Roo ejerció 312 millones de pesos para retirar el alga de sus costas. A esa cantidad se sumarían proyectos con inversiones cercanas a 200 millones de pesos para la instalación de barreras marinas.

Sin embargo, los denunciantes sostienen que dichos sistemas presentaron retrasos, fallas y resultados insuficientes ante el volumen del recale registrado en distintos puntos del Caribe mexicano.

Las organizaciones también retomaron una denuncia promovida por el empresario Roberto Palazuelos, quien señaló un posible desvío de 240 millones de pesos mediante la presunta simulación del arrendamiento de embarcaciones y equipos destinados al retiro del sargazo.

Según esa acusación, se habrían facturado lanchas que no eran adecuadas para las labores requeridas, además de maquinaria que supuestamente nunca llegó a las costas. Estas afirmaciones forman parte de señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.

Por estos hechos, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo abrió carpetas de investigación para revisar fondos de contingencia, aportaciones federales y posibles responsabilidades administrativas.

Comunidades de Akumal y Chemuyil exigen respuestas

Los reclamos no se limitan al destino de los recursos contra el sargazo. Habitantes de Chemuyil señalaron presuntas irregularidades en la administración del Santuario de la Tortuga Marina, mientras que cooperativistas de Akumal cuestionaron que esa localidad no fuera incorporada a los programas implementados para enfrentar la emergencia ambiental.

Durante la Feria Internacional de Turismo, organizaciones civiles, comunidades costeras y representantes de sectores productivos también expusieron críticas sobre la gestión de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Entre sus señalamientos mencionaron rezagos superiores al 40 por ciento en trámites y permisos, además de posibles actos de opacidad y permisividad frente a ocupaciones irregulares en zonas costeras.

La crisis del sargazo afecta empleos e ingresos en Quintana Roo

Los colectivos advirtieron que la llegada masiva de sargazo ya provoca consecuencias ambientales, sociales y económicas graves. La acumulación del alga afecta la imagen y las condiciones de las playas, mientras las cancelaciones de reservaciones reducen los ingresos de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

El impacto alcanza también a trabajadores y familias que dependen directamente del turismo, quienes han enfrentado pérdida de empleos o ingresos insuficientes en las temporadas con mayores recales.

Las organizaciones sostienen que los recursos públicos debieron utilizarse para proteger las playas, mantener la actividad turística y conservar las fuentes de trabajo. No obstante, aseguran que los problemas continúan y que las denuncias relacionadas con el manejo del dinero permanecen pendientes.

Ante este escenario, Más Selva A.C., las cooperativas turísticas de Akumal, habitantes de Chemuyil y otros colectivos ecologistas exigieron a las autoridades transparentar el destino de los recursos, resolver las investigaciones abiertas y aclarar los cuestionamientos sobre la actuación de Alfredo Arellano Guillermo antes y durante su gestión en Quintana Roo.