Dos menores escaparon del DIF de Cancún denunciando maltrato, pero el Estado las busca con Alerta Amber para devolverlas

El Sistema DIF Benito Juárez emitió este martes un comunicado sobre la salida sin autorización de dos adolescentes de su Casa de Asistencia Temporal (CAT) en Cancún, cuatro días después de que las jóvenes abandonaran el centro y tres días después de que se viralizara un video en el que denuncian presunta violencia física, trato discriminatorio y extorsión por parte del personal del albergue. La institución, que tiene la obligación reforzada de garantizar la integridad de quienes viven bajo su resguardo, tardó cuatro días en pronunciarse públicamente mientras la presión ciudadana crecía en redes sociales.

Lo que denunciaron las adolescentes

Las dos jóvenes, identificadas únicamente con las iniciales M.C.R., de 15 años, y N.L.A., de 17 años, para proteger su identidad, salieron del CAT el pasado 10 de julio y grabaron un video en el que describen las condiciones que vivían dentro del centro, mencionando que sufren de presunto maltrato.

En el material, una de ellas denuncia ante la cámara presuntos moretones en el cuerpo que, según su testimonio, le fueron provocados por personal del albergue. Señala por nombre a tres trabajadoras, identificadas como “Lupita”, “Yuni” y “Lic. Claudia”, como responsables de las agresiones físicas.

“Traigo moretones donde me pegaban, la encargada Yuni, la Lic Claudia, la profe Lupita. Cuiden muy bien el CAT, que lo tengan más vigilado, porque todos los niños de ahí sufren”, menciona una de ellas.

Las menores también describieron un entorno de trato desigual: mientras ellas realizaban labores de limpieza de forma sistemática, otras internas recibían trato preferencial por parte del mismo personal señalado.

“Tenían consentidas a niñas, a nosotras siempre nos trataban bien mal y a las demás niñas las trataba bien. Y siempre nosotras éramos las únicas que estábamos limpiando y las demás niñas se empezaban a reír de nosotras”, agregó una de las menores.

Extorsión y complicidad institucional

Además de la violencia física, una de las jóvenes denuncia que las tres trabajadoras señaladas mantenían contacto directo con su pareja sentimental y le solicitaban dinero de forma reiterada a cambio de favores dentro del centro.

La misma adolescente afirma que “la encargada Yuni” había sido removida del cargo con anterioridad por irregularidades, y que no comprendía por qué había sido readmitida. Este señalamiento apunta a posibles fallas en los mecanismos de supervisión y en la cadena de mando de la institución.

Que las jóvenes hayan recurrido a un video público para denunciar su situación puede ser un indicador de que no encontraron canales seguros ni confiables para hacerlo dentro del propio sistema de protección que debía resguardarlas.

La respuesta del DIF y sus omisiones

Ante la difusión del video y la presión ciudadana, el Sistema DIF Benito Juárez emitió este martes su primer posicionamiento formal. La institución aseguró haber notificado de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tras conocer la salida de las adolescentes, y haber solicitado la emisión de Alertas Amber para su localización.

La dependencia añadió que también dio vista a la Fiscalía para que investigue las denuncias del video y determine lo que corresponda, y reiteró su compromiso con la protección de la infancia bajo su resguardo.

No obstante, el comunicado no informa el paradero actual de las dos jóvenes, no responde a los señalamientos específicos contra las trabajadoras nombradas, no aclara si “Lupita”, “Yuni” o “Lic. Claudia” continúan laborando en el centro, y no detalla qué medidas concretas se adoptaron para proteger a las demás niñas, niños y adolescentes que permanecen en el albergue.

Lo que el Estado debe responder

La rendición de cuentas en un caso de presunta violencia institucional no se agota con un comunicado. Cuando los menores viven en un centro de asistencia del Estado, las autoridades tienen obligaciones especiales de proteger su vida, integridad, salud y dignidad.

Eso implica transparentar no sólo si se notificó a la Fiscalía, sino también qué protocolos de supervisión existen en el CAT, cómo se capacita al personal, qué mecanismos de denuncia interna tienen las adolescentes, si se preservaron evidencias y qué condiciones estructurales permitieron que la situación denunciada se prolongara.

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo sin pronunciamiento

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha confirmado públicamente si abrió una carpeta de investigación específica por las denuncias de presunta violencia física dentro del CAT, ni ha dado a conocer avances sobre el análisis del video.

Según los estándares de protección integral establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la prioridad es localizar a las adolescentes y garantizar que sean recibidas en un espacio seguro donde puedan ser escuchadas sin presiones. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado si las jóvenes fueron localizadas ni en qué condiciones se encuentran.