
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó una serie de cuestionamientos al gobierno de Estados Unidos luego de que, según un reportaje del medio Pie de Nota, la aeronave utilizada para trasladar a Ismael Zambada e Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense el 25 de julio de 2024 forma parte de una exhibición de aviones de guerra en El Paso, Texas, donde el FBI se atribuiría la operación.
Este dato, de acuerdo con la mandataria, contradice lo que en su momento informó públicamente el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que ninguna agencia estadounidense había participado en el operativo.
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“Qué bueno que está detenido, el asunto es cómo se hizo”
Sheinbaum fue clara en separar dos elementos del caso: por un lado, la detención de un líder del crimen organizado; por otro, las condiciones bajo las cuales ocurrió. “No tiene nada que ver el que esté detenido y qué bueno que está detenido. El asunto es cómo se hizo”, afirmó la presidenta, subrayando que la captura no está en cuestión, sino la información que Estados Unidos habría ocultado al gobierno mexicano.
En ese sentido, instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar formalmente al FBI mayor información sobre su presunta participación, y pidió a la Fiscalía General de la República revisar si existió algún delito derivado de este proceso, así como informar sobre las investigaciones abiertas desde la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.
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¿Negociación con “Los Chapitos”?
Uno de los puntos más señalados por reporteros durante la sesión fue la posibilidad de que la detención de Zambada haya derivado de una negociación previa entre autoridades estadounidenses y la facción de “Los Chapitos”, encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ante la pregunta directa de si podría concluirse que Estados Unidos “secuestró” al Mayo tras un pacto con ese grupo, Sheinbaum respondió: “Así lo describe directamente él”, en referencia a versiones atribuidas al propio Zambada sobre las circunstancias de su traslado.
Cabe señalar que hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos sobre este punto, y la Casa Blanca ni el FBI se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones que trascendieron en el reportaje.
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Reciprocidad, no ruptura
La presidenta insistió en que el reclamo no busca afectar la cooperación en materia de seguridad, sino garantizar que exista reciprocidad y confianza mutua entre ambos países. “No se pueden dar dos versiones a un hecho que tiene que ver con la participación de agencias en el territorio nacional sin informar al Gobierno de México”, señaló, además de recordar que un embajador goza de inmunidad diplomática, pero eso no exime la responsabilidad política de haber informado, presuntamente, con datos falsos.
Por ahora, el gobierno mexicano espera la respuesta tanto del FBI como de la Fiscalía General de la República para determinar los siguientes pasos en este caso, que ya está bajo revisión de la Cancillería.
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