Conceden libertad condicional a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex: deberá firmar quincenalmente

Gilda Lozoya enfrentará en libertad el proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) inició contra ella por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en relación con el caso Agronitrogenados.

La jueza de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, le impuso medidas cautelares tras una audiencia de imputación que duró diez horas.

Según los reportes disponibles luego de la audiencia, entre las restricciones, a Gilda Susana Lozoya Austin le fue retirado su pasaporte, documento oficial de identidad que sirve para poder dejar el país de forma legal.

Asimismo, la hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016 durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, tiene prohibido salir de la Ciudad de México y del país.

Además, por un plazo de diez días deberá portar un brazalete electrónico y presentarse cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su presencia en el proceso mediante firmas.

Los detalles de la decisión judicial fueron compartidos por el periodista Manuel Espino.

No se ha definido la vinculación a proceso de Gilda Lozoya

La jueza encargada también decidió que la audiencia en la que se resolverá si Gilda Lozoya Austin queda formalmente vinculada a proceso se realizará el próximo martes 7 de julio a las 9 de la mañana.

Según los reportes, la decisión de mantenerla en libertad presuntamente tuvo un señalamiento directo contra las autoridades federales. García Peralta habría considerado que la FGR estuvo años sin avanzar en la localización de la imputada ni en presentarla ante la autoridad. A eso sumó que Lozoya Austin viajó al extranjero y regresó, lo que la juzgadora interpretó como ausencia de voluntad para evadir la justicia.

Datos obtenidos por Infobae México indican que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Lozoya Austin presuntamente recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa de Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México, y transfirió una cantidad menor a una tercera persona.

Supuestamente esos recursos derivaron de un esquema vinculado al caso Agronitrogenados, en el que su hermano, Emilio Lozoya, le habría cedido los derechos sobre una cuenta en un banco suizo a través de una empresa fachada.

Parte de ese dinero habría financiado la compra de un inmueble en la Ciudad de México, el cual ya le fue embargado a la familia Lozoya por orden de un juez.

Gilda Lozoya se habría beneficiado de un esquema que le costó a Pemex

El caso Agronitrogenados tiene su origen en diciembre de 2013, cuando Emilio Lozoya Austin -en su calidad de director- propuso a Pemex la compra de una planta valuada en 58 millones de dólares por la que la petrolera terminó pagando 257 millones de dólares.

Un año antes, según la indagatoria, Alonso Ancira —entonces presidente de Altos Hornos de México— habría entregado casi 3 millones y medio de dólares a Lozoya para asegurarse contratos con Pemex al inicio de su gestión.

En ese entramado financiero fue donde las autoridades ubican la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, por los recursos depositados en una cuenta suiza y las cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de una empresa de Ancira.

Las investigaciones formales arrancaron en 2019. Pemex presentó una denuncia ante la FGR el 5 de marzo de ese año; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo lo propio el 23 de mayo. Días después se liberaron órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya y Ancira.

Ancira fue detenido en Palma de Mallorca en mayo de 2019 y extraditado a México en febrero de 2021. Quedó libre en abril de ese año tras firmar un acuerdo reparatorio con Pemex por más de 200 millones de dólares, aunque incumplió el último pago. En junio de 2026 fue visto en San Antonio, Texas, donde reside, con una orden de captura vigente desde enero de 2024.

El proceso penal contra Emilio Lozoya quedó suspendido en agosto de 2023, cuando un juez determinó que el pago de Ancira lo beneficiaba de forma automática. el exfuncionario solo enfrenta cargos activos por el caso Odebrecht, otro presunto fraude contra el estado.