Qué es la Ley del Sistema Público de Cuidados: así busca transformar el trabajo de cuidados en CDMX

La Ciudad de México dio un paso considerado histórico en materia de igualdad de género y política social con la promulgación de la Ley del Sistema Público de Cuidados, una legislación que pretende modificar la manera en que se organizan las labores de cuidado en la capital del país.

El principal objetivo de esta norma es dejar atrás la idea de que el cuidado de niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o con enfermedades corresponde únicamente a las mujeres o al ámbito privado.

En cambio, la ley establece que el cuidado debe entenderse como un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.

Actualmente, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, una situación que limita sus oportunidades de desarrollo profesional, educativo y económico. Con este nuevo marco jurídico, el Gobierno capitalino busca avanzar hacia una distribución más equitativa de estas tareas.

Los tres derechos que reconoce la nueva legislación

La Ley del Sistema Público de Cuidados parte de una visión integral que reconoce tres dimensiones fundamentales del derecho al cuidado.

La primera consiste en el derecho a recibir cuidados, garantizando que las personas en situación de dependencia —como infancias, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades— tengan acceso a servicios dignos, suficientes y de calidad.

El segundo eje es el derecho a brindar cuidados, mediante el reconocimiento del valor social y económico del trabajo que realizan las personas cuidadoras. La legislación busca que estas personas cuenten con mejores condiciones laborales, protección de sus derechos y mecanismos que favorezcan su bienestar.

Finalmente, incorpora el derecho al autocuidado, con el propósito de que quienes dedican parte importante de su tiempo a cuidar de otras personas también puedan disponer de espacios, tiempo y recursos para atender su salud física y emocional.

Así pretende transformar el trabajo de cuidados en la Ciudad de México

Uno de los principales cambios planteados por la ley consiste en combatir la denominada “pobreza de tiempo”, una condición que afecta principalmente a las mujeres debido a la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Para ello, la legislación contempla la creación de una red de infraestructura pública que facilite estas tareas y permita a más personas incorporarse al mercado laboral, continuar sus estudios o disponer de tiempo para su desarrollo personal.

Entre los servicios que prevé el Sistema Público de Cuidados destacan centros de educación inicial y estancias infantiles para menores de seis meses a seis años, casas de día para personas adultas mayores, centros de rehabilitación dirigidos a personas con discapacidad, así como lavanderías populares y comedores comunitarios.

Estos espacios estarán integrados en proyectos urbanos como las Utopías y las Casas de las 3R, cuyo nombre responde a tres principios fundamentales: Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de cuidados.

También contempla cambios en el ámbito laboral

La nueva legislación establece la necesidad de impulsar reformas que permitan crear permisos laborales y esquemas de prestaciones sociales compatibles con las distintas etapas de la vida, favoreciendo un equilibrio entre las responsabilidades familiares y el empleo.

De esta manera, se busca que las personas cuidadoras no tengan que elegir entre mantener un trabajo formal o atender a familiares que requieren asistencia permanente.

Diversos análisis citados durante la presentación de la ley señalan que ampliar la cobertura del Sistema Público de Cuidados podría beneficiar a más de tres millones de personas en la Ciudad de México que actualmente realizan labores domésticas y de cuidados sin recibir remuneración, lo que favorecería su autonomía económica y reduciría las brechas de desigualdad.

La implementación del nuevo sistema será transversal, ya que dependencias de salud, educación, bienestar, movilidad y otras áreas del gobierno deberán coordinar acciones para poner en marcha los servicios previstos por la ley.

Tras su promulgación, el Gobierno de la Ciudad de México contará con un plazo de entre tres y seis meses para instalar formalmente la Junta Ejecutiva del Sistema Público de Cuidados y presentar el reglamento que establecerá las reglas de operación, los mecanismos de coordinación institucional y los recursos destinados a su funcionamiento.

Con esta legislación, la capital del país busca consolidar un modelo en el que el cuidado deje de ser una responsabilidad invisible y exclusivamente femenina para convertirse en una política pública orientada a garantizar derechos, promover la igualdad y mejorar el bienestar de toda la población.